Madrid, 1 dic (.).- El presidente del Consejo General de Economista (CGE), Valentín Pich, ha considerado que el impuesto sobre el patrimonio dificulta la atracción de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones dentro del territorio nacional, al tratarse de un impuesto cedido que las autonomías pueden modificar.
"No parece razonable que nuestro país se empeñe en mantener el actual formato del impuesto", ha manifestado Pich durante un encuentro informativo centrado en la reforma de la tributación de la riqueza con el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José Rubio, y el director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), José María Durán.
Ambos expertos han constatado que España es el único país de la Unión Europea (UE) que aplica el impuesto sobre el patrimonio, mientras que el de sucesiones y donaciones es "una figura clásica".
Asimismo, han incidido en que para que subsistan ambos impuestos tendrán que ser necesariamente sometidos "a una cierta armonización" que evite las desigualdades por territorios que pueden llegar a provocar deslocalizaciones.
"Sería útil algún grado de armonización fiscal, para evitar comportamientos estratégicos de los contribuyentes buscando eludir impuestos a través de cambios de residencia. Si bien la competencia fiscal puede ser beneficiosa, debería situarse en un entorno razonable a través de la LOFCA (ley que regula la financiación autonómica), sin tener que llegar a la recentralización", ha considerado Rubio (UCLM).
Para Durán (IEB), el Estado -como titular de los dos impuestos- tiene la responsabilidad de mejorarlos desde el punto de vista técnico para reducir las distorsiones que la competencia fiscal puede generar.
Para el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, lo más importante es que tanto la tributación de la riqueza como el sistema tributario en su conjunto se regule "de forma homologable dentro de la UE y la OCDE, y dotándolo de una estabilidad hacia el futuro".
En este sentido, Pich se ha mostrado pesimista porque cree que "la realidad institucional" va a generar muchas trabas a la futura reforma fiscal, a pesar de que la fiscalidad debería ser clave para aumentar la competitividad de la economía.