San Salvador, 6 may (.).- El Gobierno de El Salvador mantiene las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que busca un acuerdo económico de hasta 1.400 millones de dólares, pese a la polémica internacional generada por la destitución de magistrados y el fiscal general, según indicó este jueves el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
"Nosotros no hemos abandonado las mesas de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (...) las conversaciones siguen", señaló el titular del Fisco en una comparecencia ante la prensa.
Zelaya indicó que el domingo, un día después de la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, "conversamos" con el Banco Centroamericano de Integración (BCIE), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Añadió que el lunes "conversamos con el Fondo Monetario y le reafirmamos el compromiso con la sanidad de las finanzas públicas".
Tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general Raúl Melara se señaló que las negociaciones con el FMI se iban a complicar o a parar.
El economista Ricardo Castaneda, de El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a Efe el martes que la negociación "se puede paralizar o se va a convertir más compleja".
"Creo que se puede paralizar (la negociación) o se va a convertir más compleja, porque el FMI va a necesitar más garantías de que lo acuerde con El Salvador realmente se vaya a cumplir", indicó el experto.
Explicó que "el punto es que tanto los inversionistas como organismos multilaterales consideran que si el Gobierno salvadoreño no respetó las reglas del juego con los principales jueces, que son los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿qué garantizará que con ellos sí lo haga?".
Según los datos de Bloomberg, divulgados el lunes por algunos medios, los bonos en dólares de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 5,9 %, la mayor caída de un día desde el 18 de marzo de 2020.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, con los que el presidente Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.