Bruselas, 18 ene (.).- El Gobierno español ve "crítico" que la Unión Europea avance rápido para establecer un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15 %, en línea con el acuerdo alcanzado en octubre en la OCDE con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero del próximo año.
"Es crítico avanzar rápido dado el exigente calendario", señaló el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, durante el debate público entre los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) sobre el proyecto de directiva para trasladar el pacto en este foro global a la legislación comunitaria.
España se alinea así con el grupo de países del bloque que, como Francia, abogan por una adopción acelerada de la normativa, que serviría de base para un sistema fiscal más "justo" que evite una "carrera a la baja" en la que los distintos países reduzcan el impuesto para atraer a más empresas a su territorio.
En nombre de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que no pudo participar en la reunión por asistir en Madrid al Consejo de Ministros, Cuerpo recordó que España "ha apoyado activamente" los esfuerzos internacionales de los últimos años para lograr un acuerdo sobre la fiscalidad global.
De esta forma, la adopción "oportuna y efectiva" de este proyecto legislativo es una "prioridad" para el Gobierno de Pedro Sánchez, que garantiza al resto de socios que hará "lo posible" para trasponer "rápidamente" la normativa a la legislación española una vez sea aprobada en Bruselas.
El pacto de la OCDE logrado en octubre se divide en dos partes: el primer pilar, que trata la relocalización de derechos de imposición a los gigantes digitales; y el segundo pilar, que contempla la creación de un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 15 %.
A falta de que concluyan los trabajos técnicos para concluir los detalles del primer pilar, Bruselas presentó en diciembre una iniciativa legislativa correspondiente al segundo con la intención de que se pueda aplicar dicho tipo mínimo a partir del 1 de enero de 2023.
La directiva debe ser aprobada por unanimidad entre los Veintisiete, un requisito que dificulta su adopción a pesar de la voluntad de Francia, en calidad de presidencia de turno de la UE este semestre, de que esto ocurra antes de que finalice junio.
Países como Polonia, Hungría, Malta, Estonia y Suecia ven problemas porque el calendario es "demasiado ambicioso" y también critican que no se avance de forma paralela en ambos pilares.
Sobre esta última cuestión, el secretario general del Tesoro admitió que están "interconectados", pero subrayó que el hecho de que todavía queden trabajos pendientes sobre el primer pilar no debe "obstaculizar" los avances en el segundo.
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