Joan Mas Autonell
Jerusalén, 4 may (.).- Palestina intenta recuperar su actividad económica gradualmente, tras superar la fase más crítica de la pandemia: el impacto del COVID-19 ha sido más bien leve, pero los efectos de las restricciones que paralizaron casi por completo su débil economía se prevén duros, sobre todo en la Cisjordania ocupada.
"Como el resto del mundo, la economía local se enfrenta a consecuencias desastrosas", dice a Efe Raja Khalidi, director del Instituto de Investigación de Política Económica de Palestina. Pero en los territorios ocupados, esto se une a su frágil situación por una ocupación de largo plazo, al nulo control de sus fronteras o su moneda y a su dependencia económica y laboral de Israel.
A la espera de los datos oficiales, las perspectivas no son optimistas: el primer ministro, Mohamed Shtayeh, auguró pérdidas de 3.200 millones de dólares, una caída aproximada del 20% del producto interior bruto (PIB) para este 2020 y un aumento del déficit presupuestario a 1.400 millones de dólares, lo que podría constreñir aún más una economía que depende en gran medida de las ayudas de la comunidad internacional.
UN GOLPE DURO EN CISJORDANIA
Según Khalidi, el golpe será más fuerte en Cisjordania, con "el 60% de la fuerza laboral" que quedó afectada. Sin embargo, no prevé grandes cambios en Gaza, menos perjudicada por la pandemia y ya severamente castigada por el bloqueo israelí impuesto desde 2007.
En Cisjordania, señala el experto, los sectores más tocados son el de servicios, turístico -con su epicentro en la urbe de Belén-, industrial o comercial, el núcleo de su tejido laboral y de su sector privado, que empleaba a muchas personas en trabajos precarios que se vieron afectados por un desempleo que se podría alargar.
Muchos vuelven a trabajar tras la reapertura progresiva de comercios, negocios e industrias, pero Khalidi cree que no es el caso de todos, y el desempleo, advierte, podría alcanzar el 30% -en torno al doble del porcentaje anterior a la pandemia-.
A ello se suma el paro de decenas de miles de trabajadores palestinos en Israel y sus colonias. Parte de los 123.000 empleados en estas áreas han perdido sus trabajos o temporalmente sus ingresos al cerrarse los pasos fronterizos y controles militares estrechamente conectados con Cisjordania.
RESTRICCIONES AÚN VIGENTES
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) también mantiene ciertas restricciones desde que hace casi dos meses decretó el confinamiento. El movimiento entre provincias sigue prohibido si no es por razones básicas, y viajar entre pueblos y ciudades está vetado a partir de las 19:30, algo impuesto en pleno mes sagrado de Ramadán, que este año se festeja en una situación inaudita: con las mezquitas cerradas y sin grandes aglomeraciones.
Durante este mes de ambiente festivo es habitual que la gente salga a pasear por la noche en las calles, con vendedores ambulantes, las tiendas abiertas y restaurantes llenos de comensales y comida a rebosar, algo que en esta ocasión no sucede, y que supone también una pérdida económica para los comerciantes.
Asimismo, Shtayeh pidió extender durante este mes el Estado de emergencia -aprobado desde inicios de marzo-, por lo que se prevé que este contexto aún restringido mantenga la economía a medio gas.
MEDIDAS PARA CONTENER EL GOLPE
Ante este panorama, el Gobierno dio pasos para contener el golpe: un fondo de ayuda económica a desempleados que se empezará a entregar tras el Ramadán, beneficios fiscales y 300 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, así como el acceso de estas a créditos por un valor total de 210 millones de dólares que gestionará la Autoridad Monetaria Palestina.
A su vez, pidió a los propietarios de locales comerciales que reduzcan el 30% del alquiler a sus inquilinos durante este año, y permitió que el pago de préstamos se posponga hasta cuatro meses para aligerar la presión a los hipotecados.
"Tenemos un presupuesto austero de emergencia", recalcó la semana pasada Shtayeh, que aseguró que el Gobierno recurre a préstamos y a ingresos para mantener en pie el sistema sanitario y apoyar a los sectores más empobrecidos y afectados en este momento, un método que "acompaña con reducir los gastos lo máximo posible" para enderezar una economía que ya estaba caracterizada por la precariedad.