Laura Pérez-Cejuela y Antonio Suárez-Bustamante
Bruselas, 29 jun (.).- El Gobierno español tendrá seis meses para conseguir su principal reto económico como presidencia de turno de la Unión Europea: tender puentes entre Alemania y Francia para sacar adelante la reforma de las reglas fiscales del club, una de las negociaciones más divisivas entre los Veintisiete.
Este es el dosier con mayor peso político de los que tratará en los próximos seis meses el consejo de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, sobre cuya mesa estará también la revisión del presupuesto comunitario, la ayuda a Ucrania, o la creación de la Agencia Europea contra el Blanqueo (AMLA) que aspira a acoger Madrid, entre otros.
El primer debate político sobre la reforma, celebrado este mes, puso de manifiesto la brecha entre las dos grandes economías de la UE sobre el futuro pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se asienta en un Tratado de Maastricht que solo vio la luz, precisamente, cuando Francois Mitterrand y Helmut Kohl limaron sus asperezas a principios de los años 90.
Este junio, el alemán Christian Lindner llegó a la cita reclamando unas normas “automáticas” que aseguren recortes constantes de la deuda, pero su colega francés, Bruno Le Maire, partidario de una mayor flexibilidad para dejar paso a inversiones estratégicas, contestó que “sería un error político y económico”.
Será de nuevo crucial, por tanto, hilvanar ambas posturas en torno a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la UE quiere recuperar a partir del 1 de enero de 2024 después de estar cuatro años suspendido.
La vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien dirigirá las negociaciones en el Ecofin al menos hasta que se forme un nuevo Gobierno tras las elecciones, ha llamado a “no volver a las trincheras del pasado”, sino a “tender puentes” para llegar a un acuerdo pese a la “complejidad” de la reforma.
REVISIÓN PRESUPUESTARIA
También antes de finales de año debería cerrarse la revisión del presupuesto plurianual 2021-2027, que busca cubrir necesidades que no se previeron cuando se negociaron las cuentas en 2020, como las ayudas a Ucrania o los intereses de la deuda del fondo de recuperación poscovid, cuyo coste no cesa de aumentar al calor de las subidas de tipos.
La Comisión ha propuesto que los Estados aporten 66.000 millones de euros más a un presupuesto que supera el billón de euros, pero los gobiernos son reacios a dar más dinero en un momento en el que tienen que ajustarse el cinturón precisamente para reconducir sus niveles de deuda y déficit.
Alemania y Holanda, contribuyentes netos, han abogado por recortar partidas antes de pedir dinero fresco, mientras que otros como España llaman a crear nuevas fuentes de ingresos propios.
A fraguar un acuerdo que requiere unanimidad de los Veintisiete podría contribuir el que la mayor parte de los fondos adicionales que pide Bruselas sean para dos cuestiones que los socios consideran primordiales: pagar los intereses de la deuda (18.900 millones) y, sobre todo, proporcionar asistencia financiera a Kiev (17.000 millones).
Pero menos consenso generan los 10.000 millones para crear el instrumento STEP, sucedáneo del fondo de soberanía propuesto por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, para contrarrestar las subvenciones estadounidenses a industrias limpias, los 15.000 millones adicionales para inmigración, o los 1.900 millones extra para administración.
Además, los Estados tendrán que dar luz verde a nuevas emisiones de deuda para financiar 33.000 millones en préstamos a Ucrania, que junto con los 17.000 millones en subvenciones elevan a 50.000 millones el paquete de ayuda a Kiev para los próximos cuatro años propuesto por la Comisión.
LEGISLACIÓN FINANCIERA Y FISCAL
Al margen de estos dos grandes expedientes, España deberá liderar la negociación con el Parlamento Europeo del último paquete de normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en el marco de la cual se decidirá la sede de la futura Agencia Europea contra el Blanqueo para la que Madrid compite contra urbes como Fráncfort o París.
También tendrá que buscar un acuerdo entre los Estados sobre la nueva directiva de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos (CMDI) y empezar los trabajos sobre la regulación de un futuro euro digital.
Con respecto a los principales expedientes de fiscalidad - que sólo negocian los Veintisiete porque la Eurocámara carece de competencias - España tendrá que acercar posturas entre los socios con respecto a la propuestas para adecuar el régimen del IVA a la era digital y para impedir el uso de sociedades pantalla en la evasión de impuestos, así como comenzar los trabajos sobre el nuevo marco de fiscalidad para sociedades que Bruselas quiere presentar en septiembre.
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