San Salvador, 21 oct (.).- La agencia calificadora de riesgos Standard & Poors (S&P) revisó este jueves de "estable" a "negativa" la perspectiva de El Salvador frente la "brecha de financiación de los próximos años".
La entidad señaló en un boletín que esta perspectiva negativa "refleja la posibilidad" de una rebaja en la calificación en un lapso de 6 a 18 meses "si el Gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en los próximos años".
"Esperamos que el Gobierno llegue a un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para asegurar nuevos fondos y obtener un mayor acceso a otras fuentes multilaterales y comerciales", añadió la entidad.
Sin embargo, sostuvo que "las demoras en la obtención de más financiamiento, así como en la adopción de medidas fiscales correctivas para reducir los déficits, podrían dañar la confianza de los inversionistas y dificultar que el Gobierno cubra su brecha de financiamiento".
Destacó que el Ejecutivo de Nayib Bukele "enfrenta una importante amortización externa de 800 millones de dólares en enero de 2023" y que "ha continuado dependiendo en gran medida de la deuda interna de corto plazo".
"La deuda a corto plazo se encuentra actualmente en un máximo histórico de 2.300 millones de dólares (alrededor del 8 % del PIB)", indicó S&P.
Agregó que "el déficit fiscal y la deuda de El Salvador se mantendrán altos a pesar de una fuerte recuperación económica", que se espera que al cierre del 2021 sea del 9 % del PIB.
La agencia adelantó que podría bajar las calificaciones de El Salvador si percibe "un debilitamiento de la capacidad del Gobierno" para asegurar los recursos para financiar los déficits fiscales y necesidades de refinanciamiento.
También si no logra "emprender el ajuste fiscal necesario para estabilizar el reciente aumento de la carga de la deuda".
Las calificaciones crediticias soberanas de El Salvador se encuentran actualmente en "B-/B".
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, Douglas Rodríguez, dijo recientemente que espera que "pronto" se concrete un acuerdo económico por 1.300 millones de dólares el FMI.
A inicios de octubre, al menos 11 organizaciones enviaron una carta al Departamento del Hemisferio Occidental del FMI para pedir que se condicione el acuerdo financiero.
Pidieron que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cesados el 1 de mayo y a los jueces sexagenarios cesados por una reforma legal.
Además, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "declare expresamente que la reelección presidencial inmediata está prohibida por la Constitución".
Los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional avalaron la reelección presidencial inmediata al cambiar un criterio adoptado en 2014, que establecía un plazo de 10 años de espera.