Giovanna Ferullo
Panamá, 25 oct (EFE).- Los proyectos públicos de vialidad y transporte que se desarrollan en la capital de Panamá han generado no solo un tráfico caótico, que ocasiona pérdidas millonarias al comercio, sino también fenómenos como los taxis y autobuses piratas, que ahora piden ser legalizados ante el "acoso" de las autoridades.
Dos organizaciones de transportistas sin licencia que operan en el populoso distrito capitalino de San Miguelito exigieron esta semana a las autoridades que se les legalice "temporalmente" para poder ofrecer "sin contratiempos" un servicio que, a todas luces, es necesario ante las dificultades que afronta el nuevo sistema de Metrobus.
En diciembre de 2010, el Gobierno del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, comenzó a implementar una nueva política pública de transporte basada en la salida de las calles de los históricos autobuses conocidos como "diablos rojos" y su sustitución por centenares de modernas unidades de Metrobus, operados por la empresa colombiana Mi Bus.
Pero el servicio del Metrobus ha sido "pésimo", como el propio Martinelli ha señalado al reclamar que los usuarios deben hacer largas filas, de hasta varias horas, a la espera de una unidad, y también afrontan problemas para recargar las tarjetas prepagadas de pasajes que administra la empresa chilena Sonda.
El gobernante ha amenazado con rescindir el contrato a ambas firmas, aunque ha reconocido que los múltiples trabajos de infraestructura que se realizan en la capital han contribuido a complicar el funcionamiento del Metrobus.
El dirigente de las organizaciones de transportistas informales que cubren rutas en San Miguelito, Hugo Polo, ha dicho que las "deficiencias" del Metrobus han obligado a la aparición de estos vehículos "piratas", que lejos de ser una plaga han aliviado una situación que complica la vida de los capitalinos y aparece en todas las encuestas como uno de los principales problemas sociales.
Los servicios de los colectivos piratas, que pueden verse por decenas en la madrugada en las principales paradas de la capital, "han beneficiado a miles de usuarios", aseveró Polo el miércoles, en una entrevista con el presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, el oficialista Marcos González.
Según la prensa local, el diputado González se comprometió ante los transportistas ilegales a gestionar ante la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre su pedido de legalización temporal, algo a lo que ya se ha negado ese organismo por considerar que el Metrobus es el único sistema de transporte masivo legal en la capital.
Además de los constantes reclamos a las empresas operadoras del sistema Metrobus, el Gobierno panameño ha pedido paciencia a los usuarios y continúa con la puesta en marcha de las llamadas zonas pagas, donde se cancela el pasaje con la tarjeta dispuesta para ello al entrar en los andenes y no al subir a la unidad de transporte, lo que se supone debe agilizar el abordaje y salida de los autobuses.
Pero no solo los usuarios del transporte colectivo sufren en la capital panameña, con casi 900.000 habitantes, sino también los que tienen un automóvil dados los interminables atascos que, casi a toda hora, afectan a las principales avenidas.
El Gobierno desarrolla desde hace unos tres años, de forma simultánea, el primer Metro de Centroamérica y un llamado plan de reordenamiento vial, que incluye nuevos puentes, calles y avenidas.
El impacto de esas obras de infraestructura en el tráfico se traduce en una bajada del 21% en la capacidad de entrega de las empresas, según datos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá divulgados esta semana.
Incluso David Saiedm, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), calculó que las pérdidas diarias que sufre la capital por los atascos superan el millón de dólares.
La Cámara de Comercio presentó esta semana el proyecto "Carpool Panamá", que plantea el uso compartido de automóviles privados para reducir el número de vehículos en circulación y con ello combatir los atascos.
El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara, Jorge García, aseveró que si se generan 300 "carpool", se estarían sacando de circulación 600 vehículos, y se estaría promoviendo una cultura medioambiental inteligente, económicamente conveniente y socialmente interesante. EFE