Caracas, 6 dic (EFE).- La Fiscalía General venezolana informó hoy
que pidió a la Interpol la captura con "difusión roja" de nueve
ejecutivos de varios de los siete pequeños bancos cerrados esta
semana por detectarse irregularidades en su administración.
El ministerio público libró un total de 27 órdenes de aprehensión
de personal de los bancos y hasta ahora la justicia privó de la
libertad a tres de ellos, mientras que otros están detenidos y serán
presentados ante los tribunales "en las próximas horas".
La Fiscalía "ya solicitó la incorporación en la base de datos de
la Policía Internacional (Interpol), la alerta roja a nueve de las
personas que forman parte de las 27 que tienen órdenes de
aprehensión por su vinculación con los bancos intervenidos", indicó
el organismo en un comunicado.
"De acuerdo con las normas de Interpol, la alerta roja significa
que ya esas personas se encuentran en su base de datos y pueden ser
aprehendidas en cualquier puerto y aeropuerto por el cual pretendan
desplazarse", añadió la comunicación oficial.
Entre los detenidos y en espera de ser presentado ante una corte
está Arné Chacón, hermano del ministro de Ciencia y Tecnología,
Jesse Chacón, y presidente del Banco Real, una de las siete
entidades cerradas, que abarcaban en total alrededor del 9 por
ciento de los depósitos del sistema.
El caso de las intervenciones ha desatado una lluvia de denuncias
sobre una presunta trama de corrupción, amparada en el hecho de que
los principales accionistas de las instituciones afectadas
pertenecerían a círculos oficialistas, de los cuales se valieron
para amasar en menos de una década sus inmensas fortunas.
Las siete instituciones afectadas son los bancos Canarias, Pro
Vivienda, Bolívar y Confederado, cerrados desde el lunes, y Central
Banco Universal, Banco Real y Baninvest, intervenidos el viernes.
El Gobierno decidió liquidar los bancos Canarias y Pro Vivienda
debido a la "gravedad de su situación", mientras que rehabilitará
los otros cinco, de los cuales dos, el Confederado y el Bolívar,
pasarán a manos del Estado. EFE