París, 30 dic (EFE).- El Gobierno francés confirmó hoy que
revisará el mecanismo de aplicación del denominado "impuesto sobre
el carbono", medida estrella contra el cambio climático del
presidente Nicolas Sarkozy, que iba a aplicarse desde el 1 de enero
y que ha sido rechazado por el Consejo Constitucional.
A dos días de su entrada en vigor la alta instancia emitió su
censura contra el impuesto aprobado por el Gobierno francés por
considerar que impone una desigualdad en el tratamiento entre
particulares y empresas, para las que se preveían exenciones en su
aplicación.
El portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, reconoció hoy que "el
Gobierno toma nota de la decisión del Consejo Constitucional de
invalidar el mecanismo del impuesto sobre el (dióxido de) carbono
pero Francia tiene que seguir al frente del combate a favor del
medio ambiente".
El primer ministro, François Fillon, ya adelantó el martes,
después del conocerse el fallo del Consejo Constitucional, que
presentará otro texto sobre ese impuesto el próximo 20 de enero, lo
que retrasará varios meses la entrada en vigor de la nueva tasa.
"Una inmensa bofetada" para el presidente Sarkozy, aseguró hoy el
diario económico "Les Echos" acerca de la decisión del
Constitucional, una expresión que también empleó el vespertino "Le
Monde" quien consideró hoy que el fallo es "un golpe político duro"
para el presidente.
"Después del revés internacional en Copenhague (donde se celebró
la última conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y no
se fijaron objetivos concretos de reducción de emisiones
contaminantes), Nicolas Sarkozy ve esta vez rechazada su estrategia
nacional", agregó el diario.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, presentó en septiembre
las modalidades de esa una nueva pero insistió en que sería
compensada con otras rebajas fiscales ante la reticencia de la
opinión pública.
"Hay que reforzar la fiscalidad que grava las actividades
contaminantes y reducir la que pesa sobre el trabajo", dijo Sarkozy
en un discurso para tranquilizar a los franceses, que en las
encuestas dijeron estar mayoritariamente opuestos a la tasa.
Ese nuevo gravamen, aplicable a particulares y empresas
consumidores de combustibles fósiles, se había calculado en 17 euros
por tonelada de CO2 (dióxido de carbono), lo que significaba, por
ejemplo, un encarecimiento de 4 céntimos de euro por litro de
gasóleo, de 4,5 céntimos para la gasolina o una subida media del 8%
en la factura de calefacción de fuel.
Hoy el Gobierno francés reconoció que esas subidas de precios no
se aplicarán desde el 1 de enero de 2010.
Al presentar el pasado 30 de septiembre pasado las cuentas del
Estado para el año próximo, el Gobierno francés precisó que el nuevo
impuesto generaría unos ingresos de 2.000 millones de euros y ahora
este retraso en el cobro de la tasa pone en dificultades cumplir con
los objetivos presupuestados.
En 2010 el Estado francés prevé que el déficit público, que se
disparó hasta el 8,2% del Producto Interior Bruto (PIB) este año,
siga subiendo hasta el 8,5%.
El rechazo del nuevo impuesto es además la segunda gran decepción
que el Consejo Constitucional -al que recurrió la oposición
socialista frente al proyecto del Gobierno de la conservadora UMP-
depara al presidente Sarkozy, después de echar abajo la nueva y
polémica norma sobre la penalización de las descargas ilegales de
contenidos en internet.
La tasa ecológica deberá por lo tanto sufrir una corrección -como
la aplicada en la Ley Hadopi de lucha contra la piratería en
internet- para recibir el visto bueno de los "sabios" del
Constitucional.
De momento, el presidente Sarkozy ha evitado pronunciarse
directamente sobre la cuestión, aunque tiene la posibilidad de
mencionar el tema durante el discurso que dirigirá a los franceses
el 31 de diciembre, antes de acabar un año "especialmente difícil
para el Jefe del Estado", como señaló hoy "Le Monde". EFE
jam/pam