San Juan, 26 ene (EFE).- Más de 150.000 clientes de la Autoridad
de la Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico recurren a conexiones
ilegales para acceder al servicio de luz, lo que genera unas
pérdidas anuales cercanas a los 400 millones de dólares.
El director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, señaló hoy que
cerca del 10 por ciento de los 1,5 millones de usuarios utilizan las
conexiones ilegales al servicio de electricidad de su compañía, un
consorcio estatal que actúa en la isla como monopolio.
Cordero dijo que para combatir unas prácticas fuertemente
enraizadas entre la población puertorriqueña está en marcha una
campaña de control de conexiones ilegales que movilizará a cientos
de empleados de la AEE.
El directivo explicó además que esas prácticas ilícitas están
extendidas también entre sectores de la población con alto poder
adquisitivo.
Cordero puso como ejemplo las 32 irregularidades detectadas en
los contadores de luz de dos urbanizaciones de Guaynabo, prestigioso
distrito de las afueras de San Juan.
El primer ejecutivo de la AEE señaló que personal técnico de su
empresa visitó recientemente un total de 1.100 residencias de las
urbanizaciones Prado Alto y Torrimar de Guaynabo, operación en la
que se detectaron distintas irregularidades en los equipos que miden
el consumo de electricidad.
Cordero explicó que con iniciativas como esa se pretende poner
fin a unas prácticas que causan pérdidas millonarias a la compañía
que preside.
El directivo recordó que hasta el pasado 31 de diciembre la AEE
había facturado a los infractores 17,6 millones de dólares en
concepto de hurto de energía.
Por su parte, el responsable de Comunicación de la AEE, Carlos
Monroig, explicó a Efe que la decisión de incrementar el control
sobre el fraude se debió a unas pérdidas de 400 millones de dólares
anuales difíciles de soportar para la empresa.
Monroig subrayó que cuando son detectadas estas irregularidades
le son comunicadas a los clientes, con los que la compañía normaliza
la relación contractual en el caso de estar dispuestos a pagar sus
deudas.
En caso contrario, la AEE denuncia ante un juzgado administrativo
la infracción, para la puesta en marcha de un proceso que podría
llevar a multas de hasta 10.000 dólares e incluso la cárcel.
Sin embargo, reconoció que hasta el momento ninguno de los
clientes de la AEE ha sido condenado a penas de cárcel, lo que
justifica por la lentitud de los procesos judiciales, entre otras
razones.
La familia media puertorriqueña lleva a cabo un consumo de unos
800 kilovatios al mes, que suponen una factura cercana a los 170
dólares, según datos de la AEE. EFE
arm/esc/acb