La oposición y los sindicatos se rebelan contra el plan portugués anticrisis

Lisboa, 9 mar (EFE).- Los sindicatos y los partidos de oposición han cerrado filas contra el plan anticrisis del Gobierno socialista portugués, que prevé congelar los salarios del sector público, privatizar empresas y subir impuestos a las rentas más altas.

Los sindicatos se unieron hoy al rechazo de las medidas de austeridad por parte de la izquierda parlamentaria mientras los conservadores, en los que espera apoyarse el Gobierno, criticaban el previsto aumento de impuestos.

El primer ministro portugués, José Sócrates, sostuvo hoy una segunda ronda de reuniones con las fuerzas políticas y sociales en busca de respaldo a las duras medidas de contención del gasto que anunció el lunes para reducir el déficit del Estado desde el actual 9,3 por ciento al 2,8 del producto interior bruto en 2013.

Pero el dirigente de la Unión General de Trabajadores (UGT, de tendencia socialista) Joao Proença, habitualmente poco crítico con el Ejecutivo, advirtió de que la congelación salarial es "totalmente inaceptable" y puede causar una ola de protestas, que ya sufrió la semana pasada una huelga de funcionarios.

Manuel Carvalho da Silva, secretario general del mayor y más combativo sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, de orientación comunista), criticó las ventas "a precio de saldo" de las empresas públicas previstas en un programa que consideró mal hecho, desequilibrado e injusto.

Sólo António Saraiva, presidente de la Confederación de Industrias Portuguesas (CIP, la principal patronal del país) se mostró positivo y pidió respaldo nacional a las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que va a presentar a la Unión Europea.

Sócrates, quien pidió a la oposición que sea "responsable" y apoye su plan para crear confianza y relanzar la economía lusa, defendió hoy que las medidas son "un camino difícil", pero necesario para reequilibrar las cuentas públicas.

El PEC propuesto por el Ejecutivo, que debe ser aprobado en un Parlamento dominado por la oposición, quiere reducir el gasto social y militar, gravar con el 45% los salarios más altos, reducir el número de funcionarios y vender empresas públicas por valor de 6.000 millones de euros.

El plan prevé también que la economía crezca de forma paulatina en los próximos cuatro años desde el 0,7% previsto este ejercicio hasta un 1,7% en 2013, aunque el desempleo, ahora del 9,7%, apenas bajará al 9,3%.

Las medidas del Ejecutivo luso han sido acogidas con frialdad y desconfianza por los partidos conservadores y con críticas y amenazas de protestas por parte de las formaciones de tendencia marxista.

El ministro de Finanzas portugués, Fernando Teixeira dos Santos, declaró hoy que el Gobierno está dispuesto a hacer frente a la posible contestación social, pero apeló a la responsabilidad de todos y recordó que no adoptar estas medidas tendría peores consecuencias.

Portugal se enfrenta a una situación de bloqueo de la financiación y de dificultades enormes para las empresas que comprometería el futuro del crecimiento y el empleo, agregó.

Teixeira subrayó la importancia de garantizar un "claro apoyo" político y social al plan del Ejecutivo, para convencer tanto a la sociedad lusa como a las instituciones internacionales de que la capacidad de corregir las finanzas públicas.

El presidente de los industriales, que fue el más comprensivo con el plan del Gobierno, subrayo que "no se puede esperar un milagro, hay que hacer sacrificios".

El Gobernador del Banco de Portugal, Vitor Constancio, fue una de las pocas voces que se mostró hoy de acuerdo con el PEC propuesto por Sócrates y consideró que sus medidas serán aprobadas por Bruselas porque son "adecuadas" para el objetivo de bajar el déficit público a menos del 3% del PIB en 2013.

En el plan del Gobierno luso figura también acabar con el derecho de los funcionarios a jubilarse a los 62 años o tras 25 de servicio, para que en 2014 estén sujetos a la edad general de retiro a los 65, y sustituir sólo una de cada dos bajas de empleados estatales. EFE

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