Lisboa, 30 jun (EFE).- El Gobierno portugués vetó hoy la venta
del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica pese a haber sido aprobada
por los accionistas de Portugal Telecom (PT) y gracias a una "acción
de oro" cuestionada por Bruselas y por la propia empresa lusa.
La decisión del Ejecutivo socialista de Portugal fue la segunda
sorpresa de la asamblea de accionistas de PT celebrada hoy para
decidir la venta de las acciones de Vivo, líder de la telefonía
móvil en Brasil, por los 7.150 millones de euros que ofreció a
último momento Telefónica.
La primera sorpresa fue que pese a la fuerza del llamado "núcleo
duro" de accionistas portugueses de PT, que controlaban cerca de la
mitad de los votos y se habían opuesto públicamente a la venta de
Vivo, la oferta de la empresa española fue aprobada por un abrumador
73,9% de los accionistas.
Pero la decisión del presidente de la asamblea, Antonio Menezes
Cordeiro, de aceptar el veto de la acción estatal con derechos
especiales dejó sin efecto los demás sufragios emitidos en la
reunión.
El primer ministro portugués, José Sócrates, justificó después la
actuación del Estado y dijo que "la acción de oro sirve para ser
utilizada cuando es necesario".
"Tanto los que iban a comprar como los que eran consultados en la
asamblea, todos los accionistas, y en particular Telefónica, sabían
cual era la posición del Gobierno y pienso que la debían tener en
cuenta", declaró.
Sócrates recordó que cuando el Gobierno habla interpreta los
"intereses nacionales" e insistió en el carácter "fundamental" que
tiene la participación en Vivo para el futuro de PT, que con
Telefónica controla a medias el 60% del capital de la empresa
brasileña a través de la sociedad conjunta Brasilcel.
La Comisión Europea ha cuestionado las acciones con derechos
especiales que tienen los Estados miembros de la UE y consideró hoy
"incompatible" con la legislación europea el uso de esos privilegios
por parte del Gobierno luso.
El presidente del consejo de administración de Portugal Telecom,
Henrique Granadeiro, reveló tras la reunión que los responsables de
la empresa "tenían la convicción de que la acción de oro no era
aplicable a esta materia".
Pero tanto Granadeiros como el presidente ejecutivo de PT, Zeinal
Bava, que defendieron ante los accionistas la importancia
estratégica de retener Vivo, se mostraron conformes con el resultado
de la reunión y subrayaron que la responsabilidad de admitir la
aplicación de la acción de oro es del presidente de la Asamblea.
A su vez Menezes Cordeiro expresó a los periodistas la "certeza
absoluta" de que la aplicación de la acción con derechos especiales
detentada por el Estado es legal.
El presidente de la asamblea aseguró que había tomado "todas las
precauciones" para garantizar la validez del recurso al veto estatal
y consultado a seis juristas antes de la asamblea.
Menezes Cordeiro también decidió suspender los derechos de voto,
por conflicto de intereses, de un 6% de acciones relacionadas con
Telefónica, que hacía más fácil un rechazo a su oferta por parte de
los accionistas nacionales, aunque al final la medida resultó
irrelevante porque sólo un 26% del capital rechazó la operación.
Ante el alto porcentaje de votos que, pese a esos contratiempos,
registró la oferta por Vivo, el presidente ejecutivo de PT negó hoy
estar desilusionado con los accionistas que le habían dado su apoyo
para mantener la empresa brasileña y relacionó el resultado de la
votación con la subida de la oferta a último momento.
Telefónica fijó el pasado 1 de junio en 6.500 millones de euros
la cantidad que estaba dispuesta a pagar por Vivo, 800 millones más
de los que había ofrecido tres semanas antes.
Pero anoche, horas antes del inicio de la asamblea, elevó su puja
hasta los 7.150 millones, una cifra que acabó por seducir a los
accionistas nacionales y obligó al Gobierno a jugar su última carta
para abortar la operación. EFE