Madrid, 12 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 37 de
Madrid ha admitido a trámite una querella por estafa presentada por
dos clientes de Deustche Bank por los perjuicios que les causó el
colapso del banco islandés Landsbanki, nacionalizado en octubre de
2008, donde habían invertido 230.000 euros por recomendación del
banco.
En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, que admite por
primera vez en España una acción penal por la debacle de los bancos
islandeses, el titular del juzgado cita como imputado a un ex
director de sucursal de Deutsche Bank para que declare el próximo 21
de diciembre.
Según la jueza, podrían ser "constitutivos de delito" los hechos
que denuncia un inversor y la empresa Everlasting Operativa, que,
asesorados por el despacho de abogados Ezpondaburu, se quejan de que
la entidad financiera no sólo no les informó en absoluto del riesgo
de invertir en deuda de Landsbanki, sino que les recomendó mantener
la inversión tan sólo cinco días antes de que fuera intervenido.
Los afectados sostienen que Deutsche Bank conocía los problemas
que atravesaba Landsbanki, máxime teniendo en cuenta que había sido
escogido como "joint lead manager" o principal responsable de la
venta de determinados productos estructurados sobre su deuda, junto
con HSBC.
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, afirma que el
Deutsche Bank no sólo no avisó de esta circunstancia, sino que
"omitió todos sus deberes y obligaciones de información de la
inversión" con el objetivo de "captar dinero a toda costa, incluso
mediante engaño y con contratos en donde ni siquiera estaba la firma
autorizada para realizar la operación, con un claro ánimo de lucro".
Los querellantes, que recuerdan que el producto se les vendió tan
sólo con la información de ser un bono de Landsbanki con
rentabilidad asegurada, respaldan su querella en una sentencia del
Tribunal Supremo de 2002, que establece que el engaño también puede
ser ocasionado por "el silencio respecto de hechos perjudiciales
para el inversor".
La sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal también
recuerda que "el autor de la oferta (para inversiones de capital) es
el garante de que esa información veraz llega al destinatario de la
oferta".
En octubre de 2008, el gobierno de Reikiavik dictó un decreto
urgente para atribuirse la capacidad de nacionalizar los bancos
privados islandeses para evitar el colapso financiero del país y la
práctica quiebra de Islandia.
El control gubernamental de los bancos Kaupthing, Glitnir y
Landsbanki provocó pérdidas multimillonarias a miles de inversores
particulares e institucionales (de ellos, unos pocos cientos en
España) que habían comprado deuda de estas entidades. EFE