Sindicato lleva a Congreso mexicano lucha para revertir cierre de eléctrica

Juan David Leal

México, 12 oct (EFE).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó hoy a la Cámara de Diputados su lucha para revertir la liquidación de la eléctrica pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decretada el sábado por el Gobierno, y busca el apoyo de los legisladores para promover un recurso de inconstitucionalidad.

"Queremos que se declare la controversia inconstitucional y queremos explicarnos, por lo que hablaremos con todos los partidos porque es un asunto de seguridad nacional", afirmó hoy en rueda de prensa en la Cámara Baja Martín Esparza, el líder del SME, tras reunirse con diputados del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) que le expresaron su apoyo.

Las instalaciones de LyFC, que abastece de electricidad a unas 25 millones de personas en la capital mexicana, 82 municipios del vecino Estado de México, 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla se encuentran tomadas por agentes de la Policía Federal desde que el ejecutivo decretó su extinción por problemas financieros.

La compañía, considerada una de las más ineficientes del Estado, está siendo operada ahora por 3.500 empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mayor eléctrica pública del país, cuyo máximo responsable, Arturo Elías Ayub, aseguró que funciona "normalmente".

Gabriel Reyes, abogado consultor del sindicato, argumentó que a través de la intervención del Estado "se están invadiendo las acciones del Congreso, hay una invasión de las competencias por parte del Gobierno, por lo que hay una inconstitucionalidad".

De momento ya están de acuerdo con el SME algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido del Trabajo (PT), que se reunieron hoy con el líder sindical en el Congreso.

De acuerdo con las leyes mexicanas, en el país pueden presentar "controversias constitucionales" el fiscal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, Defensoría) y el Ejecutivo.

También pueden presentarlas el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales de los 32 estados del país, aunque en cada caso con el apoyo mínimo del 33% de los legisladores.

Para el diputado del PRD José Narro, las medidas tomadas por el Gobierno "carecen de legalidad y constitucionalidad" y con ellas se están "violentando los derechos de los trabajadores y la Ley al destruir una empresa que se constituyó por ley".

Sin embargo, el secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont, afirmó hoy en rueda de prensa que la Ley Federal de entidades paraestatales "prevé como causa de extinción de los organismos descentralizados, que su funcionamiento no resulte conveniente para la economía nacional o el interés público".

Según el ministro, el sindicato de la empresa "interfería de una manera muy importante en la administración" de LyFC, por lo que la capacidad de modernización de la paraestatal se veía dificultada.

Otras fuerzas políticas han expresado su apoyo al Gobierno, como el oficialista Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, el Partido Verde (PVEM) respaldó en un comunicado hoy la extinción del organismo público y señaló que "la circunstancia financiera y operativa" de la compañía la hacían "inviable para seguir prestando el servicio público de energía eléctrica".

De igual modo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que agrupa a las más importantes organizaciones empresariales de México secundó al Gobierno y dijo que los costos "exorbitantes, las constantes pérdidas y los pasivos laborales en permanente aumento" de LyFC hacían "inconveniente" su permanencia.

En tanto, el grupo parlamentario del PRI, mayoría en la Cámara Baja, criticó al Gobierno y señaló que la decisión "se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado, donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional".

El Gobierno ofreció a los 44.000 trabajadores que resultarán despedidos el pago, a partir del próximo miércoles, de una indemnización de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.538 millones de dólares), y aquellos que se acojan de forma inmediata al plan podrán gozar de 33 meses de sueldo en promedio.

Del total de funcionarios de LyFC alrededor de 10.000 serán empleados de nuevo en la compañía pública.

Al respecto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, sostuvo hoy que "las puertas al diálogo estarán siempre abiertas", aunque aseguró que el Gobierno no dará "ni un paso atrás" en la liquidación de LyFC. EFE

jd-pem-jrp/gt/cpy

(Con fotografías, audio e infografía)