Bruselas, 24 sep (EFE).- El Gobierno español es consciente de que
la venta de Opel a Magna tendrá "algún tipo de efecto" en el empleo,
pero quiere que la Comisión Europea garantice que las decisiones
empresariales no estarán condicionadas por las ayudas ofrecidas por
los distintos gobiernos a la compañía.
Ésta es la posición que el secretario de Estado para la Unión
Europea (UE), Diego López Garrido, transmitió al comisario de
Industria, el alemán Günter Verheugen, en una entrevista mantenida
anoche.
En declaraciones a los periodistas a su llegada a una reunión de
ministros responsables de Industria, López Garrido subrayó hoy que
España exigirá a la Comisión "que aplique la legalidad comunitaria"
y que "no haya ningún tipo de ayuda de Estado o decisión de
gobiernos que condicionen la decisión empresarial".
El grupo austríaco-canadiense, probable comprador de la filial
europea de General Motors, ha adelantado que prevé recortar
alrededor de 11.000 empleos en las distintas factorías que Opel
tiene en Europa, de los que 1.672 serían en la fábrica zaragozana de
Figueruelas.
Sin embargo, el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) reveló esta semana que la reducción de empleos en Figueruelas
ascendería a 2.090.
A este respecto, el comisario Verheugen explicó a López Garrido
que la operación de rescate de Opel tendrá "algún tipo de efecto" en
el empleo a nivel europeo, pero se comprometió a vigilar que "no
haya influencia política que condicione las decisiones
empresariales", indicó el español.
El secretario de Estado insistió en que la solución a los
problemas de Opel debe ser "una solución estrictamente económica" y
recordó que a las instituciones europeas les corresponde actuar en
defensa de la competencia y la competitividad.
Reconoció que cada país afectado por la crisis de Opel, incluido
España, "está pensando lógicamente en sus intereses nacionales",
pero dejó claro que "en última instancia tiene que aplicarse la
legalidad europea".
Recordó, en este contexto, que la normativa comunitaria establece
"claramente" que "no caben ayudas de Estado que condicionen
decisiones económicas o empresariales", un enfoque que, aseguró,
comparte la Comisión Europea.
El ejecutivo de la UE advirtió ayer de que "no aceptará" que la
aportación financiera de cada país al plan de rescate de Opel se
refleje en el número de despidos que se produzcan en la operación de
venta a Magna e insistió en que las empresas deben tener "total
libertad" para desarrollar su actividad económica. EFE