México, 13 ene (EFE).- El Gobierno mexicano reconoció hoy que el pasado año la toma clandestina de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó en un 61%, aunque el robo de hidrocarburos disminuyó de los 3 millones a 1.700.000 barriles.
Durante una comparecencia ante el Congreso mexicano el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, señaló que la vigilancia permanente de los ductos de México ayudó a reducir el robo de hidrocarburos.
Sin embargo, la toma clandestina de ductos se situó el pasado año en 712 frente a los 462 de 2009.
Suárez Coppel precisó que el 69 por ciento de las tomas clandestinas se concentraron en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.
Aclaró que actualmente el robo de combustibles representa el 0,4 por ciento del total de la producción de Pemex y el 0,8 por ciento del total de ventas de la empresa estatal.
Durante el año pasado las autoridades mexicanas desarticularon 3 organizaciones criminales dedicadas al robo de combustibles y a las que confiscaron 2.500 millones de pesos (unos 208 millones de dólares).
El ejecutivo de la empresa estatal explicó que las tomas clandestinas que se han logrado detectar y cancelar son herméticas ya que el 94% no tenía riesgo de fuga.
El Servicio de Administración Tributaria, dependiente del ministerio de Hacienda, realizó en 2010 auditorías a 41 estaciones de servicio y ejerció acción penal en dos de esos casos por la venta de combustibles robados, explicó.
El titular de Pemex compareció ante el Legislativo para explicar los avances de las investigaciones sobre la explosión de un oleoducto en el municipio de Texmelucan, del central estado de Puebla, el pasado 19 de diciembre, que se cobró la vida de 30 personas.
Durante la presentación inicial de su comparecencia el funcionario presentó un peritaje, cuyas conclusiones apuntan a que la fuga de crudo fue producto de una "acción externa" sobre los ductos de la paraestatal, lo que refuerza la hipótesis de que fue provocado por una toma clandestina descontrolada.
Los legisladores coincidieron en que las autoridades municipales y estatales deben tener conocimiento del "atlas de oleoductos" en el que se muestren y se señalen los que pudieran representar riesgos a la población para poder prevenir catástrofes como la del pasado 19 de diciembre.
En México existe una red formada por 13.000 kilómetros de oleductos dedicados a la transportación de crudo; unos 8.300 kilómetros para transportar hidrocarburos refinados como gasolina y diesel y otros 17.000 kilómetros para gas natural y gas LP.