Bruselas, 15 mar (EFE).- Varias coaliciones de ONG andinas han
pedido hoy a la Unión Europea (UE) que asegure la protección de los
derechos humanos en el tratado de libre comercio (TLC) concluido con
Colombia y Perú antes de proceder a su firma, ya que consideran que
el texto "no ofrece garantías serias" en ese sentido.
Las organizaciones también lamentaron "la prisa" de los europeos,
a su juicio, por firmar el acuerdo, cuyas negociaciones se dieron
por terminadas el pasado 1 de marzo tras más de un año de trabajos.
En su opinión, los negociadores europeos "no han tenido en cuenta
la gravísima crisis de derechos humanos que padecen esos países,
especialmente Colombia", por lo que pedirán más garantías al
comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien comparecerá
mañana ante la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara
para explicar el acuerdo.
La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo (ALOP), Grupo Sur, la Oficina Internacional de Derechos
Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), y la Red UE-CAN consideraron
además de que la cláusula de derechos humanos incluida en el acuerdo
"es claramente insuficiente e inoperante".
Exigirán al comisario que justifique por qué, desde su punto de
vista, el texto del acuerdo es "menos exigente y ofrece menos
protección para los derechos humanos" que el actual sistema de
beneficios arancelarios SGP+ (sistema generalizado de preferencias),
y por qué dicha cláusula "ha sido reducida incluso en comparación
con acuerdos anteriores de la UE con países de América Latina".
El representante de ALOP en Bruselas, Camilo Tovar, aseguró que
de aprobarse el TLC tal y como ha quedado tras las negociaciones,
"Europa estaría enviando el mensaje al mundo de que las violaciones
de los derechos humanos existentes en Colombia, entran en el terreno
de lo aceptable para los 27 países de la Unión".
Para el responsable de la Red UE-CAN Gustavo Hernández, "en
términos del estímulo al desarrollo sostenible, la gobernanza y el
Estado de derecho, el acuerdo negociado con Colombia y Perú
representa una regresión respecto al SGP+ y respecto a otros
acuerdos negociados en América Latina anteriormente".
Por su lado, la representante de Grupo Sur Lourdes Castro, agregó
que dicha cláusula "más parece redactada para proteger los intereses
comerciales que los derechos humanos y, por tanto, no se ve ninguna
posibilidad de protección real de los derechos humanos".
Así, las ONG solicitaron a la UE que "abra urgentemente una
investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en
Colombia".
Según el portavoz de OIDHACO Emmanuel Raison, "si este país no ha
sido capaz de respetar sus compromisos internacionales en el marco
del SGP+, el nuevo acuerdo comercial, menos exigente, equivaldrá a
un cheque en blanco, por encima de los derechos de los colombianos".
EFE