Bruselas, 17 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha presentado
hoy unas orientaciones generales para aclarar a los países las
situaciones en las que pueden apoyar con fondos públicos el
despliegue de nuevas líneas de banda ancha y redes de última
generación de acceso a internet.
El objetivo principal de la Comisión es proporcionar un "marco
claro y predecible" para fomentar el desarrollo más rápido posible
de estas infraestructuras, para que sea compatible con las normas
comunitarias sobre ayudas estatales y se preserve la dinámica del
mercado y la competencia en un sector que ya está totalmente
liberalizado.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, indicó en un
rueda de prensa que las orientaciones intentan proporcionar "la
suficiente certidumbre jurídica a las inversiones privadas", que en
su opinión son fundamentales para ayudar a "reducir
significativamente la brecha digital".
Aunque Bruselas considera que son los operadores los que deben
liderar las inversiones en la construcción de este tipo de redes,
cree que "la ayuda estatal puede desempeñar un papel crucial" para
ampliar la cobertura de banda ancha en áreas donde los operadores no
tienen planes de inversión.
Además, la CE aclara que siempre que se conceda ayuda estatal a
los operadores privados, ésta debe "estimular la competencia"
obligando al beneficiario a abrir el acceso a esa red de
financiación pública a terceras empresas, para "no caer en los
antiguos monopolios", apuntó la comisaria.
Las compañías europeas de telecomunicaciones, que han pedido en
numerosas ocasiones a la CE que les dé "flexibilidad" para construir
estas nuevas infraestructuras, han cifrado en 300.000 millones de
euros la inversión necesaria.
En concreto, las directrices explican cómo pueden canalizarse los
fondos públicos para el despliegue de redes de banda ancha básicas y
de líneas de acceso de próxima generación, que permitirán una
velocidad de internet muy superior, en zonas donde no invierten los
operadores privados.
Para ello, la Comisión pide diferenciar entre las áreas donde
faltan conexiones a internet de banda ancha (las llamadas zonas
blancas), aquellas en las que sólo hay una red desplegada (zonas
grises) y aquellas con al menos dos competidores en servicios de
banda ancha y gran densidad de población (zonas negras).
En éstas últimas el Ejecutivo comunitario considera que no es
necesaria la intervención estatal, mientras que se muestra
partidario de apoyar con ayuda pública el despliegue de redes en las
zonas blancas, y más escéptico en el caso de las áreas donde ya ha
habido inversión privada, o está prevista, y existe competencia.
Las orientaciones contienen asimismo salvaguardas para promover
la competencia y evitar que la inversión de fondos públicos
"expulse" a las inversiones privadas.
En concreto, prevén la elaboración de un mapa detallado,
garantías de que los contratos públicos sean abiertas, la
neutralidad tecnológica, o mecanismos para evitar que algunas
empresas obtengan beneficios "desproporcionados" y que "se
despilfarre el dinero del contribuyente", indicó Kroes. EFE