En marzo, el supervisor de los mercados financieros europeos (ESMA, por sus siglas en inglés) flexibilizó uno de los puntos calientes de MiFID II por el coronavirus. Como muchas entidades habían mandado a gran parte de su plantilla a teletrabajar desde sus casas, Europa dio margen a las entidades que no puedan grabar las conversaciones telefónicas entre cliente y banquero, aceptando alternativas a la grabación, aunque pidió que se restablezcan lo antes posible. Esta medida, sin embargo, ha sido insuficiente para la industria, que solicita un impulso extra por parte de los supervisores para no caer con el Covid-19.
A través de Efama, la patronal europea de las gestoras, estas han hecho llegar a la UE una decena de propuestas de alivio normativo para sortear la crisis. Una de las más destacadas es su petición de eliminar la alerta obligatoria cuando una cartera se deprecia un 10%, ya que “fomenta la toma de decisiones a corto plazo, no proporciona ningún valor añadido para los inversores e incrementa los costes operacionales para cumplir con este requisito”.
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