Lisboa, 29 oct (EFE).- La presión que ejercen los mercados sobre la deuda soberana de Portugal se mantiene estable una semana más mientras el país necesita de forma apremiante que los intereses bajen para poder colocar sus títulos a tasas sostenibles.
Las obligaciones lusas a diez años, utilizadas como referencia, cotizaban hoy ligeramente por debajo del 6,2 %, cifras muy similares a las registradas durante todo el mes de octubre, y se alejaron así de la barrera psicológica del 7 %.
La evolución de los intereses en el mercado secundario -donde se compran y venden los títulos adquiridos en subasta pública- es observada al detalle por los analistas, que consideran que son todavía demasiados altos para que Portugal pueda volver a financiarse de forma autónoma una vez deje de recibir los fondos de su rescate.
El país confía en cerrar con éxito el programa de ajustes acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional como contrapartida por su préstamo de 78.000 millones de euros en junio de 2014, tal y como estaba previsto inicialmente.
Sin embargo, para no necesitar de más ayuda deberá ser capaz de colocar deuda a largo plazo -es decir, con un vencimiento superior a dos años- en los próximos meses y a cambio de una penalización inferior al 5,5 %, según apuntan la mayoría de expertos.
El Gobierno luso, de signo conservador, destaca la mejoría registrada durante las últimas semanas, ya que a principios de septiembre sus títulos a diez años cotizaban por encima del 7,15 %.
A dos y cinco años, las obligaciones lusas se vendían hoy al 3,7 y el 5,1 %, tasas ligeramente menores a las que se registraban hace una semana, cuando se compraban al 4,2 % y al 5,4 % de interés.
La atención en Portugal se centra en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, que recogen un corte significativo del gasto público y mantienen la presión fiscal con el objetivo de ahorrar otros 4.000 millones de euros en 2014 y rebajar así el déficit público hasta el 4 % como le exige la troika.
Los inversores estarán pendientes, además, de las decisiones del Tribunal Constitucional, que ya ha anulado varios de los recortes aplicados por el Ejecutivo y debe pronunciarse sobre varios ajustes, entre ellos el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales para los funcionarios. EFE
Las obligaciones lusas a diez años, utilizadas como referencia, cotizaban hoy ligeramente por debajo del 6,2 %, cifras muy similares a las registradas durante todo el mes de octubre, y se alejaron así de la barrera psicológica del 7 %.
La evolución de los intereses en el mercado secundario -donde se compran y venden los títulos adquiridos en subasta pública- es observada al detalle por los analistas, que consideran que son todavía demasiados altos para que Portugal pueda volver a financiarse de forma autónoma una vez deje de recibir los fondos de su rescate.
El país confía en cerrar con éxito el programa de ajustes acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional como contrapartida por su préstamo de 78.000 millones de euros en junio de 2014, tal y como estaba previsto inicialmente.
Sin embargo, para no necesitar de más ayuda deberá ser capaz de colocar deuda a largo plazo -es decir, con un vencimiento superior a dos años- en los próximos meses y a cambio de una penalización inferior al 5,5 %, según apuntan la mayoría de expertos.
El Gobierno luso, de signo conservador, destaca la mejoría registrada durante las últimas semanas, ya que a principios de septiembre sus títulos a diez años cotizaban por encima del 7,15 %.
A dos y cinco años, las obligaciones lusas se vendían hoy al 3,7 y el 5,1 %, tasas ligeramente menores a las que se registraban hace una semana, cuando se compraban al 4,2 % y al 5,4 % de interés.
La atención en Portugal se centra en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, que recogen un corte significativo del gasto público y mantienen la presión fiscal con el objetivo de ahorrar otros 4.000 millones de euros en 2014 y rebajar así el déficit público hasta el 4 % como le exige la troika.
Los inversores estarán pendientes, además, de las decisiones del Tribunal Constitucional, que ya ha anulado varios de los recortes aplicados por el Ejecutivo y debe pronunciarse sobre varios ajustes, entre ellos el aumento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales para los funcionarios. EFE