Ginebra, 28 oct (.).- La adaptación al cambio climático costará a los países en desarrollo 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y si los objetivos de mitigación no se cumplen esta cifra ascenderá a 500.000 millones de dólares en 2050, advirtió hoy Naciones Unidas.
La financiación actual apenas representa una cuarta parte de los 300.000 millones previstos para 2030, alerta un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), emitido de cara a la Conferencia para el Cambio Climático que comienza mañana en Glasgow (Reino Unido).
"Cumplir las promesas de 100.000 millones anuales para el Fondo Verde del Clima es una obligación en Glasgow", señaló la secretaria general de UNCTAD, Rebecca Grynspan, quien añadió que, no obstante, también hacen falta otros compromisos.
"Se necesitan esfuerzos concertados a nivel multilateral para garantizar la financiación que necesitan los países en desarrollo en aras de adaptarse al cada vez peor impacto del cambio climático", aseguró.
UNCTAD pide una reforma del sistema financiero para la adaptación, que entre otros puntos conllevaría un aumento de las ayudas estatales al desarrollo.
"Si los países del G7 hubieran cumplido en 2020 su objetivo de destinar un 0,7 % de esa ayuda al desarrollo, se hubieran dispuesto de 155.000 millones de dólares más", analiza el informe de Naciones Unidas.
Éste también recomienda reestructuración y condonación de la deuda de los países más vulnerables al cambio climático, más préstamos de bancos de desarrollo multilaterales, y un mayor alcance de los mercados de bonos verdes, actualmente muy limitados a causa de diversas políticas regulatorias.
UNCTAD advierte, por otro lado, de que las presiones para liberalizar el mercado de productos y servicios relacionados con la protección medioambiental beneficiaría sobre todo a los exportadores de países desarrollados, reduciendo las capacidades fiscales de las economías en desarrollo.
En concreto, el informe prevé que estas últimas economías podrían perder 15.000 millones de dólares anuales en ingresos por tarifas si se alcanza esa liberación.
La agencia de Naciones Unidas subraya, al mismo tiempo, que las tecnologías verdes deben ser clasificadas como bienes públicos, y por ello su acceso tendría que ser asequible para todas las economías.