Madrid, 22 oct (.).- La Alianza contra la Pobreza Energética ha pedido al Gobierno cambios estructurales, más allá del bono social eléctrico y de la prórroga de medidas más allá del "escudo social" que prohibió el corte de suministros básicos por la pandemia, ante el próximo vencimiento de su vigencia a finales de este mes.
El próximo 31 de octubre termina la vigencia del "escudo social" y la moratoria de cortes de suministros, y el Gobierno sólo ha anunciado su intención de extender el plazo de las medidas relacionadas con los desahucios y los arrendamientos, ha informado este viernes en un comunicado.
Ante el vencimiento de la moratoria de cortes, exige al Ejecutivo cambios estructurales en la normativa de protección de las familias vulnerables en materia de suministros básicos y que se mantenga la moratoria mientras no se introduzcan los cambios que ha pedido.
La Alianza contra la Pobreza Energética reclama, entre otras cuestiones, que se consolide el "principio de precaución" para obligar a las empresas suministradoras a consultar a los servicios sociales sobre la situación de un hogar antes de cualquier corte y garantizar el suministro, si se produce una situación de vulnerabilidad.
Además, pide que la prohibición de cortes no esté sujeta a ningún plazo.
Reclama también el reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber y cocinar y para la higiene básica, así como redefinir la figura del consumidor vulnerable para que comprenda los tres suministros, además de incrementar los límites de renta.
En opinión de la Alianza contra la Pobreza Energética, el Gobierno debe empezar a estudiar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares para los suministros de luz y gas, y un mínimo vital para el agua.
Asimismo, pide que las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las compañías.
Propone también la firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para pagar las facturas impagadas por familias vulnerables desde el inicio de la pandemia y hasta que se implanten las medidas definitivas.