Belén Delgado
Madrid, 31 jul (.).- El aumento del número de accidentes laborales en el campo en los primeros cinco meses del año, aunque sean menos mortales que antes, preocupa a los sindicatos, que piden más protección para los empleados e inspecciones.
Las actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca registraron 13.151 accidentes entre enero y mayo, el 12,6 % más que en el mismo periodo de 2020, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
De ese total, hubo 18 accidentes por accidente laboral, lo que supone una caída anual del 51,4 %, que -para los sindicatos- no es suficiente.
"No debería haber ninguna muerte en accidente laboral. Las cifras pueden variar si hay un mes malo, pero lo que hace falta es cumplir con la normativa de riesgos laborales. Todo es cuestión de prevención y de rascarse los bolsillos para que sea efectivo", afirma a Efeagro el responsable estatal del campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez.
RADIOGRAFÍA DE LOS ACCIDENTES
Las estadísticas reflejan un mayor aumento de la siniestralidad entre asalariados que entre autónomos: hasta mayo, los accidentes de trabajo con baja sufridos por los primeros en las actividades primarias fueron 11.630, el 12,8 % anual más, frente al aumento del 11,2 % de los accidentes en trabajadores por cuenta propia (1.521).
Del total de los accidentes de trabajo con baja en jornada en el sector primario, 12.980 fueron leves, 153 graves y 18 mortales; a los que se añaden 744 leves, 14 graves y 8 mortales en desplazamientos hacia o desde el trabajo ("in itinere"), según el Ministerio.
Además, hubo 11.132 accidentes laborales con baja en jornada en agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados (doce de ellos mortales); 1.253 en silvicultura y explotación forestal (cinco muertes) y 766 en pesca y acuicultura (una muerte).
En los cinco primeros meses de 2021, el mayor número de accidentes tuvo lugar en cultivos de árboles y arbustos, con 4.665 (4 fallecidos), además de 3.876 en cultivos de suelo (5 muertos), 1.898 en lugares de cría de animales (3), 1.748 en jardines y parques (3) y 1.714 en zonas forestales (2 decesos), entre otros.
Jiménez asegura que una de las razones detrás de la siniestralidad está en el parque móvil de tractores tan antiguo que existe en España, a lo que se suma el hecho de que muchos agricultores siguen conduciéndolos a pesar de tener una edad avanzada.
El trabajo en el campo requiere muchas veces el uso de herramientas que conlleva un riesgo, de ahí la importancia de dotar a los trabajadores de equipos de protección individual, subraya el representante de CCOO.
CUMPLIR LAS NORMAS
Jiménez se muestra a favor de que la inspección vele por la salud de los trabajadores agrarios, que han demostrado ser "esenciales" durante la pandemia, también en este momento del año de "duro" trabajo en el campo por las altas temperaturas.
Se refiere así a la campaña anunciada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para intensificar la vigilancia sobre 137.000 empresas de la construcción y la agricultura, ante los riesgos de que los trabajadores sufran en estas fechas un golpe de calor durante su jornada laboral.
La organización agraria Asaja ha criticado ese "nuevo intento de criminalizar a los agricultores", que "una completa desconfianza y un profundo desconocimiento del sector".
La campaña se une a otras lanzadas previamente por el Ministerio de Trabajo para detectar "posibles casos de esclavitud" en explotaciones agrícolas o para el control del fraude en la contratación temporal.
"En vez de ofenderse tanto, los agricultores deben cumplir la normativa, pagar los salarios conforme a los convenios y ofrecer alojamientos y un mínimo de condiciones para quienes trabajan" en las explotaciones, apunta Jiménez.
El secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena, considera que España tiene una "regulación laboral y legal muy buena, pero el problema es que no se cumple".
Sostiene que el índice de siniestralidad es más bajo en el sector agrario que en otros, pese a que más de 13.000 accidentes en cinco meses "son muchos" y ni siquiera se cuentan los que puedan haber sufrido las personas empleadas sin contrato.
Según Serena, "las irregularidades se acumulan en el sector", por lo que advierte a los ciudadanos de que "lo que consumen quizás no está producido con las mejores garantías".
Sobre las inspecciones, opina que el Gobierno tiene que dotar a los inspectores de instrumentos para que se cumplan las normas, teniendo en cuenta -además- que las futuras ayudas de la Política Agraria Común (PAC) estarán condicionadas al respeto de los derechos laborales en el campo.
En su opinión, la sociedad debe conocer más sus derechos para poder exigirlos y en ese contexto sitúa la necesidad de la prevención como garantía de salud laboral.