Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha adoptado la ley "para las normas en materia de transparencia, de vigilancia e información financiera", en continuidad con las disposiciones del decreto del Governatorato y el "Motu Propio" (ley papal) del papa Francisco.
Según ha informado hoy el Gabinete de comunicación del Vaticano, la ley sigue asimismo la norma ya vigente "para la prevención y el contraste de la actividad ilegal en el campo financiero y monetario", introducida también "Motu Proprio" por el papa emérito, Benedicto XVI,
"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede de adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aun más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", aseguró Francisco en el "Motu Proprio", del pasado 8 de agosto.
En concreto, esta nueva ley consolida la disciplina sobre prevención y lucha contra el lavado del dinero; financiación del terrorismo; vigilancia y reglamentación de las entidades que llevan a cabo una actividad de naturaleza financiera y colaboración e intercambio de información con la Autoridad de Información Financiera a nivel interno e internacional.
La ley -agrega- consolida asimismo las medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacional y exige la declaración de dinero contante por un importante igual o superior a los 10.000 euros cuando se trata de transporte transfronterizo.
Esta ley aclara y consolida las funciones, los poderes y la responsabilidad de la Autoridad de Información Financiera en el ejercicio de la función de vigilancia y reglamentación con el fin de prevenir y luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, refiere el comunicado.
"Se trata de un texto bien articulado y complejo, casi un texto único en materia financiera, que se inscribe en el camino de la adecuación del ordenamiento vaticano a los parámetros internacionales del 'Grupo de Acción Financiera' y a las recomendaciones de la 'División Moneyval' del Consejo de Europa", señala.
A la Autoridad de Información Financiera se le atribuye las normas del "Motu Proprio" y la función de vigilancia "prudencial" y a la institución del Comité de Seguridad Financiera el objetivo de extender la disciplina en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo también a los dicasterios (ministerios) de la Curia Romana y a otros organismos y entidades dependientes de la Santa Sede.
También están bajo dicha jurisdicción las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan personalidad jurídica canónica y que tengan sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, agrega.
"La combinación dispuesta en la ley vaticana y en el procedimiento canónico permite por lo tanto extender el ámbito de la presente reforma del Estado de la Ciudad del Vaticano a la Santa Sede", subraya.
La nota agrega que si se consideran las recientes normativas en materia de derecho penal sustancial y procesal, la introducción de una ley general en materia de sanciones administrativas y el "Motu Proprio" del papa Francisco sobre la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal del pasado 11 de julio, se trata evidentemente de un "compromiso reformador".
Un compromiso que ha permitido alcanzar objetivos importantes en el camino a partir del pontificado de Benedicto XVI (..) y que hoy ha llegado "a un punto particularmente avanzado" (..) por el que "la Santa Sede está llamada desarrollar un papel de guía y ejemplo" a la comunidad internacional. EFE