Esta medida se encontraba contenida entre las promesas preelectorales realizadas por Obama. La misma tendría un costo fiscal de US$ 736.000 a lo largo de 10 años, permitiéndole a una familia tipo ahorrar un promedio de US$ 800 anuales.
Según declaraciones del secretario del Tesoro, Timothy Geithner: “Mediante las reducciones fiscales a los pequeños negocios y a las familias de clase media, así como la inversión en innovación, invertimos directamente en nuestras comunidades, creando nuevos empleos, y encaminando a nuestra nación hacia la recuperación”.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció la suspensión de varias decenas de beneficios fiscales que cuestan “cientos de miles de millones de dólares al Estado”.
La decisión de incrementar los impuestos a las grandes compañías además del objetivo redistributivo, busca que el efecto de las reducciones fiscales no sigan deteriorando la frágil situación fiscal de la economía.
Seguramente, dada la mayor propensión a consumir de las familias y empresas beneficiadas con la medida, la misma tendrá un impacto positivo en el consumo, lo cual es positivo desde el punto de vista de la recuperación económica.
La decisión resulta paradójica ya que la toma un presidente estadounidense, cuando gobiernos de la región con una orientación más populista no han tomado decisiones similares.