Madrid, 16 may (.).- Los sindicatos CCOO y UGT han instado hoy a los partidos políticos a respaldar la derogación de las penas de cárcel que contempla el artículo 315.3 del Código Penal por coacción en las huelgas y han presentado una propuesta en el Congreso para "descriminalizar el ejercicio del derecho de huelga".
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, han registrado en la Cámara Baja un escrito en el que piden penas de prisión de seis meses a dos años, o multas de seis a doce meses "para los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga".
También señalan que si se impide el derecho de huelga mediante coacciones los castigos sean de pena de prisión de un año y nueve meses y hasta tres años o con pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses.
La propuesta ha sido remitida a todas las formaciones políticas y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y también solicita la regulación del delito de coacciones que regula el articulo 172.1 del Código Penal.
En este sentido, inciden en que "en ningún caso" debe considerarse un delito de coacción cuando los hechos impliquen el ejercicio de un derecho fundamental y afirman que hay que tener en cuenta cuando los actos se realizan en grupo con un concierto previo de voluntades.
El escrito de los sindicatos se ha registrado en el día en el que el pleno del Congreso toma en consideración la proposición de ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que también insta al sobreseimiento de las causas cuando la ley esté en vigor.
La propuesta de Podemos pide que sólo puedan enjuiciarse por la comisión de otros delitos o faltas si no hubieran prescrito, sin tomar en consideración a tales efectos la imputación, acusación o condena por el delito citado del artículo 315 del Código Penal.
También que los procedimientos que hubieran recaído en sentencia condenatoria se revisen en el plazo máximo de 15 días desde la entrada en vigor para anularse la condena y que en el caso de que hubiera comenzado se cancelara y se indemnizara al condenado por el tiempo que ha estado en prisión.
La proposición de ley de Unidos Podemos recibirá el apoyo del PSOE, del PNV, de ERC y Compromís, entre otros, con lo que previsiblemente será aprobada para luego iniciar su trámite de enmiendas.
Toxo ha recordado que en los últimos años se han encausado y abierto expedientes a cerca de 300 sindicalistas y ha criticado el uso "indiscriminado" de un tipo penal que "es abusivo y que restringe seriamente la protección del derecho de huelga".
Por su parte, Álvarez ha señalado que el artículo 315.3 es "desmedido" y se ha aplicado "sin ningún tipo de rigor", ya que ha existido hace muchos años y nunca se ha utilizado.
"Es una oportunidad para que el Congreso respalde la libertad y el derecho de huelga", ha indicado tras afirmar que "quien coacciona es la patronal y no hay ni siquiera una intervención por parte de la Fiscalía".
En este sentido la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha señalado que el derecho a la huelga es "una de las bases de la democracia" y ha afirmado que "la mayoría de las presiones no devienen de los trabajadores, que están en el ejercicio de su derecho, sino de los propios empresarios para evitar que hagan huelga".
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha indicado que apoyará la proposición de ley de Unidos Podemos, pero que presentara enmiendas para modificar el actual texto porque el que proponen "no es el más afortunado".
Esteban ha dicho que la regulación actual "necesita una revisión porque en las resoluciones de los tribunales se ha entrado en contradicciones".
"Más vale adaptarla, y en este sentido se debería ablandar", ha insistido.