MADRID (Reuters) - El Gobierno español dijo el jueves que los actos de la campaña para el referéndum de independencia en Cataluña tendrán respuesta en los tribunales, y alabó los pasos de la fiscalía contra los alcaldes que han dado su apoyo a una consulta suspendida por la Justicia.
En una jornada en la que está prevista la apertura de la campaña del "sí" para la votación del 1 de octubre, al que se opone el Ejecutivo central, la vicepresidenta del Gobierno dijo que la paralización del referéndum por parte del Tribunal Constitucional impedía también hacer actos políticos sobre la consulta.
Para esta noche, el movimiento separatista tiene convocado un gran acto en Tarragona en el que estarán el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, y que dará inicio a dos semanas tensas a raíz del choque institucional entre Barcelona y Madrid.
"Los particulares y las autoridades saben que no pueden ceder espacios ni poner publicidad de ningún acto preparatorio", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en la cadena Telecinco.
La batería judicial abierta a petición del Gobierno central contra las decisiones del Parlament y el Govern de convocar el 1-0 se amplió el jueves con una querella de la Fiscalía contra los presidentes de las asociaciones de alcaldes que han dicho que cederán locales municipales para que se vote, según medios.
La querella por prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos se ha presentado contra los presidentes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, por promover el referéndum del 1-0.
"No pueden pretender saltarse la ley y que no tenga consecuencias", dijo Sáenz de Santamaría.
Los más de 700 alcaldes de un total de 947 municipios que han dado su apoyo a la consulta tendrán que declarar ante la Fiscalía, algo que el consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, prevé que se haga con normalidad.
"Creo que nos ahorraremos el supuesto de que los Mossos tengan que detener a los alcaldes", dijo Forn en RAC3.
En un movimiento más contra el referéndum, la empresa pública postal Correos ha ordenado a sus empleados que paren cualquier envío relacionado con el referéndum y que avisen a sus superiores de cualquier intento de distribuir papeletas o citaciones electorales, dijo un portavoz de Correos en la emisora catalana.