Madrid, 18 sep (.).- La Ley de Contratos del Sector Público establecerá como prioritarios los convenios de empresa frente a los sectoriales, siempre que se haga referencia en la norma a lo pactado en convenio colectivo, según ha aprobado hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
La nueva ley de contratación del sector público ha iniciado su tramitación en el Senado después de haber sido aprobada por mayoría en el Congreso y haber incorporado allí 975 enmiendas de las 1.081 que había registrado.
La ley, que traspone al ordenamiento jurídico una directiva europea, fue votada a favor por todos los grupos parlamentarios del Congreso a excepción de las abstenciones del PSOE y de Unidos Podemos.
Los cambios en el Senado hacen que el proyecto de Ley vuelva a pasar por el Congreso para ser definitivamente aprobado, por lo que las nuevas enmiendas deberán ser negociadas nuevamente con los partidos políticos.
Las enmiendas del grupo popular que han modificado la ley son para que los convenios de empresa pactados estén por encima de los convenios sectoriales.
Las iniciativas afirman que la ley no puede hacer que una empresa cumpla con lo establecido en el convenio sectorial si cuenta con un convenio colectivo propio, ya que podrían cambiar las condiciones salariales e incluso las que marca el sectorial ser inferiores a las que marca el convenio de empresa aplicable.
El senador del PP Guillermo Martínez Arcas ha señalado que estos cambios solo persiguen dar seguridad jurídica a los contratistas y atenerse a la legalidad vigente que marca el Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo el PSOE ha criticado que se hayan introducido dichas modificaciones, vinculadas a la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, y el senador socialista Juan José Rubio ha alertado de que en el Congreso podría votar en contra.
El debate de las enmiendas parciales rechazadas volverá a producirse en el pleno del Senado previsiblemente el 24 de septiembre.
La futura Ley de contratos del sector público protegerá a los subcontratistas y permitirá que la Administración pueda pagarles directamente, al tiempo que elimina la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago.
También establecerá la obligación de la factura electrónica y una Oficina Independiente que supervise los contratos y garantice la libre concurrencia.
Pondrá un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20 % del importe contratado y obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.
Las cláusulas sociales y medioambientales estarán presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.
Otro de los puntos de la nueva ley es que obligará a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tengan que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella.
Además garantizará la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía.