Termina el juicio de las vacaciones fiscales vascas ante la justicia europea

Luxemburgo, 10 may (EFE).- El juicio sobre las ayudas conocidas como "vacaciones fiscales vascas", introducidas en Euskadi en los noventa y consideradas ilegales por la Comisión Europea, concluyó hoy con una vista en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los jueces de Luxemburgo deben decidir en los próximos meses si anulan, como piden las diputaciones forales vascas, una sentencia anterior del Tribunal de Primera Instancia que daba la razón a Bruselas acerca de la incompatibilidad de las medidas con la legislación comunitaria y ordenaba su devolución.

El caso quedó visto para sentencia el mismo día en que se dio a conocer que la CE ya ha solicitado en paralelo a la máxima instancia judicial europea que imponga una multa millonaria a España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas, como exigió Bruselas en 2001.

Bruselas pide que la sanción ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda, confirmaron hoy fuentes comunitarias.

"Si nos dan la razón en casación no hay que recuperar y por tanto decaería la demanda que ha interpuesto la CE", aseguró en declaraciones a la prensa al término de la vista el diputado foral de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga.

"Esperemos que en un par de meses se sepan las conclusiones y que nos den la razón y que por lo tanto la devolución que ya han hecho las empresas vascas se tenga que devolver", agregó.

Iruarrizaga consideró además "discriminatoria" la manera de proceder de la Comisión con respecto a las ayudas vascas, ya que otras regiones españolas han gozado de medidas similares que no han sido consideradas ilegales.

En la vista de hoy estuvieron representadas, de un lado, las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y del otro, el Ejecutivo comunitario y el gobierno de La Rioja. Participó además en apoyo de los gobiernos provinciales el Abogado General del Estado español.

La patronal vasca Confebask no estuvo presente a pesar de que sí se había personado ante el Tribunal de Primera Instancia para apoyar la primera solicitud de anulación de la decisión de la CE.

Los gobiernos provinciales defendieron la legalidad de las medidas y adujeron errores de derecho cometidos por el Tribunal de Primera Instancia, como no admitir ciertas pruebas que mostraban que la CE había dado a entender su conformidad con las medidas vascas.

"El Tribunal de Primera Instancia ha impedido practicar una prueba pertinente vulnerando el derecho a un proceso justo", afirmó en su intervención el abogado de las diputaciones.

El representante legal de Bruselas en cambió negó que la CE hubiese dado señales positivas acerca de las medidas vascas y propuso el rechazo del argumento ante la falta de pruebas.

La Rioja apoyó el razonamiento de la Comisión e hizo hincapié en el "perjuicio económico" que las medidas vascas causaron a otras comunidades españolas en especial a las limítrofes con Euskadi.

Las alegaciones se centraron hoy en el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995, dos de las tres medidas adoptadas por los gobiernos provinciales en los noventa para favorecer el desarrollo de empresas en Euskadi.

La tercera medida en litigio, la exención fiscal durante diez años del impuesto de sociedades a compañías surgidas entre 1993 y 1994, ya fue objeto de una vista previa en marzo sobre la que se pronunciará sentencia el próximo 9 de junio.

La fecha del fallo sobre la vista de hoy se desconoce de momento, pero fuentes comunitarias calculan que podría llevar varios meses. EFE