Bruselas, 20 abr (.).- Los 712 millones de euros en ayudas directas que la Unión Europea (UE) proporcionó al sector agrario durante la pandemia del coronavirus no se orientaron "suficientemente" a los ámbitos y agricultores más afectados, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado este jueves.
Poco después de que comenzara la crisis sanitaria en 2020, el club comunitario estableció un marco de ayuda directa de 712 millones mediante la reasignación de fondos no utilizados del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que proporcionó hasta 7.000 euros por agricultor y 50.000 euros por pyme.
El tribunal subrayó en un comunicado que las ayudas directas "no se destinaron suficientemente a los beneficiarios más necesitados" y que muchos países de la UE, como Polonia, Rumanía, Grecia, Italia y España, apoyaron a los agricultores de un sector determinado independientemente de que hubieran sufrido o no pérdidas.
"En consecuencia, es posible que algunos agricultores recibieran ayudas aunque la crisis no los hubiera afectado. Otros recibieron compensaciones excesivas", señaló.
Por otro lado, la Comisión Europea también flexibilizó las normas sobre ayudas estatales durante la crisis sanitaria para que los Estados miembros pudieran apoyar la economía con sus propios fondos nacionales.
El tribunal constató que los niveles de ayudas públicas presentaban "grandes variaciones" entre los países de la UE, lo que le llevó a identificar "un riesgo de distorsión de la competencia entre Estados miembros".
En ese sentido, mencionó los casos de España y Países Bajos, los dos mayores productores de plantas y flores por valor. Las ayudas estatales alcanzaron casi el 9 % del valor de la producción de ese sector en Países Bajos, mientras que en España fue muy inferior (0,3 %).
"Esta diferencia puede crear competencia desleal", insistieron los auditores.
Además, alertaron sobre el solapamiento entre las ayudas directas de la UE y las estatales.
La UE también adoptó medidas de almacenamiento privado y destilación de vino en casos de crisis con el fin de estabilizar el mercado mediante la reducción del exceso de oferta.
La aceptación del almacenamiento privado fue escasa, sobre todo en el sector cárnico. De hecho, solo España utilizó el régimen de almacenamiento privado para el sector ovino y caprino.
Según el informe, la destilación de crisis, con un presupuesto de 293 millones, se aplicó con diferencias "significativas" entre los Estados miembros analizados y las normas sobre la cuantía de la ayuda retenida por los destiladores "no estaban claras".
En cualquier caso, el tribunal destacó que la UE reaccionó "rápidamente a la amenaza que la pandemia planteó a las cadenas de suministro agrícola" y que las distintas medidas comunitarias "contribuyeron a limitar la perturbación del sector agroalimentario".