Madrid, 15 jun (.).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha firmado hasta el momento convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para promover cerca de 5.000 viviendas públicas en alquiler, de las 24.000 previstas en el plan estatal 2018-2021.
De ellas, 1.872 estarán en Andalucía, 11 en Asturias, 61 en Baleares, 100 en Canarias, 93 en Cantabria, 216 en Castilla y León, 1.148 en Cataluña, 96 en Galicia, 71 en Extremadura, 849 en Madrid, 231 en Murcia y 21 en La Rioja, ha señalado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en una comparecencia en el Congreso.
La diputada del PP María Zurita le ha acusado de "vender humo" y de llevar "tres años con la misma cantinela" y ha asegurado que únicamente en 300 de esas viviendas se está redactando el proyecto de urbanización.
También ha acusado a los responsables del ministerio de "anunciar suelos que necesitan modificaciones de planes generales que lleva hacerlas diez años" y ha afirmado que la entidad estatal de suelo Sepes "no tiene suelo donde hace falta" construir vivienda asequible.
Por su parte, la portavoz de Vox en la comisión, Cristina Alicia Esteban Calonje, ha sostenido que, de las 20.000 viviendas sociales que Ábalos prometió en 2018, "apenas el dieciséis por ciento están en ejecución" y que "en el resto no hay movimientos de tierras ni ubicación concreta".
David Lucas, que ha recordado que su departamento trabaja en la conformación de un parque público de 44.000 viviendas y un fondo social de 56.000, ha declinado poner fecha a ese objetivo, alegando que es un "proceso complejo" y que sería "muy atrevido" hacerlo, aunque ha dicho que intentará que sea "en el menor tiempo posible".
Recientemente, al objetivo de incrementar el parque de vivienda social en 100.000 viviendas Ábalos ha sumado otras 20.000 con cargo a 1.000 millones de euros adicionales que recibirá para ese fin del plan de recuperación.
En la actualidad, el parque público de vivienda en España está formado por 290.000 viviendas, que aumentarían así a 410.000, más las unidades que promuevan por su cuenta las comunidades y ayuntamientos.
Solo el 2,5 % del parque total de vivienda son pisos sociales, frente al 30 % que representa en países como Holanda y Dinamarca y al 9 % de media de la Unión Europea, algo de lo que la diputada socialista Eva Bravo ha responsabilizado a la política de vivienda del PP entre 2011 y 2018.
En su comparecencia, Lucas ha reiterado asimismo que el Gobierno continúa trabajando para aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que éste contendrá un mecanismo para frenar las subidas abusivas de precios en las zonas que se declaren tensionadas.
Las discrepancias entre los socios de gobierno sobre cuál debe ser ese mecanismo siguen sin solucionarse a dos semanas de que termine el plazo que el Ejecutivo trasladó a Bruselas para aprobar este anteproyecto de ley.