Ibiza, 25 mar (.).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este jueves en su visita a Ibiza que con la futura ley de Vivienda se "debe hacer algo más que regular los precios del alquiler. "Queremos garantizar la función social de la vivienda", ha dicho.
En declaraciones a los medios, Ábalos ha recordado que, tras 40 años, ésta será la primera ley de Vivienda de la democracia, a pesar de que se "trata de un derecho constitucional".
El ministro ha señalado que es "injusto" que se haga "propaganda" en torno al "concepto que merece la vivienda", y ha resaltado que, siendo un derecho constitucional, "no deja de ser un activo económico".
Para el responsable de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta nueva ley debe servir, además, para generar "marcos de estabilidad y seguridad jurídica" entre los arrendadores y arrendatarios, garantizar políticas pensando en los colectivos vulnerables, dignificar la "calidad" de las viviendas y, "sobre todo, generar, por el lado de la oferta, un parque público de viviendas".
El Gobierno central se marca como objetivo sacar 100.000 viviendas para alquiler asequible con el fin de evitar la especulación y, además, incentivar el aumento de la oferta por parte de los privados.
José Luis Ábalos ha destacado que una política pública de vivienda debe "comprometer" a todas las Administraciones: "No podemos cargar sobre los privados la vivienda pública", ha indicado.
Por otro lado, el ministro también ha apuntado a la necesidad de "definir" el concepto de vivienda vacía, de tal modo que pueda gravar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que, según ha apuntado, "no se está haciendo, pero es posible, porque no hay un concepto claro". Es, ha dicho, una forma de "sacar" viviendas al mercado y "castigar" a aquellos que no las ponen a disposición del mismo.
El ministro también ha hecho referencia al inicio del proceso de expropiación de 56 viviendas vacías de grandes tenedores por parte del Govern balear, según la ley balear de 2018.
"No entiendo que sea una expropiación", ha afirmado, ya que se trata de una cuestión que respeta la "legislación balear", además de contemplar una compensación económica al propietario. "Nuestro sistema legal es profundamente garantista y en el momento que es garantista es muy difícil catalogarlo como expropiación", ha dicho al respecto.
El ministro ha puntualizado que las sociedades deben estar "a la altura" de los momentos en los que se "exige un esfuerzo conjunto y, muy especialmente, de aquellos que pueden aportar ese esfuerzo".
"Se llama solidaridad, pero también compromiso y es el momento de hacerlo", ha objetado.
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