Túnez, 23 feb (.).- La agencia de medición de riesgo Moody's rebajó hoy la calificación de Túnez relativa a la deuda a largo plazo en divisas y moneda local a "B2" y "B3", al tiempo que mantuvo su perspectiva negativa, según recogió su último informe publicado hoy.
Esta bajada, explicó el organismo, se debe al debilitamiento de su gobernanza frente al aumento de los conflictos sociales que dificultan cada vez más la "flexibilidad" del gobierno para aplicar un reajuste presupuestario y llevar a cabo las reformas necesarias en el sector público con el fin de estabilizar e invertir el aumento de la deuda, que se estima alcanzará este año el 90% del PIB.
"El saneamiento presupuestario y la reforma del sector público necesitan ser pactados entre las instituciones y la sociedad civil, tanto en la orientación como en el modo de aplicar las medidas, lo que puede ser en el mejor de los casos un largo proceso", añadió la agencia.
La perspectiva negativa tiene en cuenta además los riesgos relacionados con nuevos retrasos en la negociación y la puesta en marcha del programa de créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Dichos retrasos aumentan la incertidumbre en cuanto a la capacidad del gobierno para garantizar el acceso continuo a las fuentes de financiación exterior oficial y mantener el acceso a los mercados internacionales de capital con condiciones asequibles para responder a la elevada financiación que necesitará en los próximo años", estimó Moody´s.
La pasada semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INS) anunció que la economía tunecina se contrajo en enero un 8,8 %, así como la disminución de un 6 % de su PIB en 2020 con respecto al año anterior.
Según el último informe del FMI publicado en enero, el PIB retrocedió un 8,2 % en 2020 y espera que el crecimiento económico alcance este año el 3,8 %. Aunque, insistió, todo dependerá de la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación.
El organismo recordó la importancia de apoyar económicamente a la población más vulnerable, sustituyendo el sistema de productos subvencionados (pan, gasolina, harina) y ofreciendo ayudas específicas en función de sus recursos.
Otra de sus recomendaciones permanentes es reducir el número de funcionarios del Estado- estimado en 650.000 empleados- y reestructurar las empresas públicas deficitarias- el 50 % de las 195 existentes- a través de una reforma “creíble”.
Ante la ausencia de un interlocutor estable- diez gobiernos diferentes se han sucedido en la última década- el FMI instó a establecer un "pacto social" entre los diferentes actores- partidos políticos, sindicato, patronal y sociedad civil - con el objetivo de marcar una hoja de ruta a largo plazo que vaya más allá del mandato de un Ejecutivo.
El "rating" soberano de las agencias de calificación pueden perjudicar seriamente al país magrebí, que se prepara para salir al mercado financiero internacional con el fin de movilizar cerca de 3.000 millones de dólares.