Madrid, 16 ago (.).- La empresa pública de la Comunidad de Madrid Canal de Isabel II ha licitado un contrato, por un importe estimado en 1.183.680 euros, para influir en políticos, periodistas y líderes de opinión en Colombia, con el objetivo de recuperar la inversión en la compañía Triple A de Barranquilla, expropiada en el país sudamericano.
A finales de 2021, Colombia aplicó una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones, con las que la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal, controlaba la empresa Triple A de Barranquilla.
La Fiscalía de Colombia considera que Inassa le cobró 68 millones de euros a la Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo.
Desde entonces, la compañía española lucha en tres frentes para defender los intereses corporativos y recuperar la inversión en la empresa Triple A: el diplomático, con contactos al máximo nivel gracias a la ayuda de la embajada de España; el legal, con la contratación de un despacho de abogados, y el de la influencia, con el nuevo contrato.
El objeto de este contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica en 'public affairs' (asuntos públicos) y comunicación estratégica, con el propósito de "elaborar una estrategia de defensa de los intereses corporativos y recuperación de la inversión que esta empresa tiene en Colombia" en el procedimiento de "enajenación temprana" del 82,16 % de la participación accionarial de Canal Extensia América en la Triple A de Barranquilla, según la documentación publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Entre otras tareas, de acuerdo con la documentación, el adjudicatario del contrato deberá diseñar, planificar y ejecutar campañas de incidencia política, elaborar una estrategia de relaciones gubernamentales en Colombia, dar apoyo en las relaciones con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la Unión Europea y establecer contacto con periodistas y líderes de opinión desplegando un plan de comunicación "para combatir las situaciones de crisis ante el riesgo de posibles ataques a la compañía".
El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y, a finales de 2021, activó un mecanismo de "enajenación temprana", es decir, de expropiación.