Madrid, 4 feb (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha evaluado el impacto sobre las recomendaciones de su estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús de junio de 2022 y constata que, dos años y medio después, "apenas ha habido avances".
Según ha explicado este martes la CMNC en un comunicado, no se han dado pasos hacia la liberalización las rutas de más de 100 kilómetros, el diseño de los pliegos de las licitaciones no ha mejorado y muchas concesiones siguen caducadas" en contra de las recomendaciones del estudio.
Las nuevas licitaciones siguen con problemas similares a los identificados en el estudio de junto de 2022, como la falta de división en lotes o requisitos excesivos de solvencia técnica y económica.
En el sistema concesional, bajo el que el sector opera en España, a diferencia de otros países europeos (como Alemania, Italia, Francia o Portugal, con competencia en media y larga distancia), las empresas privadas de autobuses prestan el servicio en régimen de monopolio tras la obtención de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
Se trata de un enfoque de competencia “por el mercado”, en el que las empresas compiten ex ante, en concursos públicos convocados por el Estado o por las comunidades autónomas (en función del transcurso de las rutas).
Desde una perspectiva de oferta, el sector del transporte interurbano en autobús ha experimentado una progresiva concentración a través de distintas operaciones en los últimos años que se refleja en que más de la mitad de los 77 contratos estatales operativos en 2023 se concentraban en tres empresas (ALSA, SAMAR y AVANZA).
Además, estas tres empresas representaban más del 79 % de la cuota de las concesiones estatales en términos de viajeros durante ese año.
Efectos de la liberalización
En Italia, que contaba antes de su liberalización con una regulación similar a la española, basada en un modelo concesional, la apertura del sector a la competencia ha conducido a un aumento de entre un 15 % y un 18 % en el número de viajeros en autobús en tan solo dos años, y los kilómetros programados, considerando todas las frecuencias, se incrementaron en un 70 % entre 2012 y 2015.
En Reino Unido, estiman que se produjo una reducción en el precio de entre el 33 % y el 50 %.
En España, ha habido reducciones entre un 25 y un 50 % en tarifas de los concesionarios en los pocos casos de concurrencia de concesiones existentes en determinados trayectos españoles.
Aunque es complejo estimar con precisión el ahorro monetario total que se derivaría de la liberalización, puede presumirse que este ahorro sería muy superior al coste de las subvenciones de todas las rutas deficitarias en España (300 millones de euros, según una estimación conservadora del estudio).
Concesiones estatales y autonómicas
A nivel estatal, a finales de 2023, existían 77 contratos de servicios generales permanentes de uso regular, de los que 7 se encontraban anulados por los tribunales y 41 estaban caducados.
Todas las concesiones que estaban caducadas habían sido prorrogadas.
En 2024, 3 contratos fueron licitados, con un valor estimado total de 129 millones de euros.
A nivel autonómico, desde la publicación del estudio, han caducado ya la mayor parte de las concesiones de Asturias, la Comunidad de Madrid -que en 2019 las prorrogaron hasta 2024-, Extremadura y el País Vasco.
Además, hay varias comunidades donde una mayoría de concesiones están próximas a caducar: Baleares y La Rioja, en 2027, y Canarias y Cataluña, en 2028.
En este periodo, se han publicado 11 nuevas licitaciones a nivel autonómico que corresponden a Andalucía (3), la Comunidad Valenciana (3), Baleares (1), País Vasco (3), y Canarias (1), aunque, a fecha de publicación de este informe, esta última solo ha sido anunciada.
El valor estimado de estos contratos se sitúa en los 1.814 millones de euros.