Madrid, 4 may (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha explicado este martes que en el pasado ya revisó las acusaciones sobre una posible concertación entre accionistas para tomar el control de Codere (MC:CDRE), y no halló indicios que le llevarán a forzar la presentación de una oferta pública de adquisición (opa).
El lunes la empresa subió un 42 % en la bolsa española después de que la familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere, informara de que había pedido incluir en el orden del día de la junta del 11 de mayo que se exija a la CNMV que obligue a parte de sus accionistas a lanzar sobre la empresa una opa por 900 millones de euros (9,58 euros por título).
Ello supondría, según sus cálculos, repartir unos 900 millones entre los accionistas de Codere que no forman parte de lo que denomina una "conspiración civil" perpetrada por el fondo Silver Point y "algunos consejeros de la compañía", que en conjunto aglutinan más del 30 % del accionariado.
En un escrito, la CNMV ha aclarado hoy que en febrero de 2019 dio trámite a una denuncia por parte de la citada familia fundadora, a la que siguieron siete escritos complementarios entre julio de 2019 y octubre de 2020, sobre la mencionada opa de Codere, una empresa que en la actualidad lucha por garantizar su viabilidad.
El organismo subraya que "tras un análisis detallado de toda la documentación presentada, la CNMV no encontró indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de opa, lo que dio lugar al archivo provisional de las actuaciones en noviembre de 2020, lo que fue debidamente notificado a los denunciantes".
En opinión de los fundadores de la compañía de juego, la gestión de la compañía "ha sido muy negativa para los accionistas, tanto por el desplome del precio de la acción antes de la pandemia, como por las nuevas proyecciones para los años 2022 a 2024 (...), muy inferiores a las obtenidas por la familia Martínez Sampedro en 2016 y 2017".
El pasado 23 de abril, la empresa aseguró que había alcanzado un acuerdo con los titulares de la mayoría de los bonos del grupo que comprendía una inyección de 225 millones en la compañía, entre otras medidas, a fin de garantizar sus necesidades de liquidez y la actividad hasta la reapertura total del negocio tras la pandemia.
Con la culminación del proceso de reestructuración de deuda (que quedaría en unos 700 millones), se creará una nueva cabecera del grupo, que cuenta con más de diez mil empleados y que en 2020, azotado por los cierres derivados de la pandemia, perdió 236,6 millones, casi cuatro veces más que en 2019.
Los acreedores de los bonos pasarán a tener un 95 % del capital y los actuales accionistas un 5 %, así como unos "warrants" que les darán derecho a recibir hasta un 15 % de una valoración superior a los 220 millones en una eventual futura venta de la compañía (u operación similar) en el plazo de diez años.
Además, la compañía planea solicitar la liquidación de Codere, proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica.