Palencia, 12 nov (.).- El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha reclamado a los grupos en el Congreso que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal.
"Somos exigentes porque queremos seguridad", ha afirmado Borra este viernes en Palencia durante una rueda de prensa en la que se ha referido a las enmiendas transaccionales que ayer se presentaron al proyecto de ley de medidas urgentes para terminar con la temporalidad.
Borra ha explicado que el sindicato está estudiando estas enmiendas pero, de momento, ha preferido ser "prudente" hasta ver cómo se trasponen y conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma.
En cualquier caso, lo que sí ha exigido es seguridad jurídica para que "lo que salga cuente con todos los beneplácitos y no se pueda echar atrás de ninguna manera y no lo tumben después los tribunales", ha señalado el presidente de CSIF.
Además, desde el respeto a la decisión que adopte el Parlamento, considera que los grupos parlamentarios también deben aclarar si esta enmienda afecta a todas las plazas, o solo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público.
"También nos llama la atención que se hable de cinco años", ha añadido Borra, quien ha recordado que el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y estableció que aquellos contratos temporales que excedan de los tres años se consideran abusivos.
Y, sobre todo, ha trasladado las dudas de CSIF sobre las desigualdades que se puedan producir entre los interinos de distintas administraciones "porque se deja a las comunidades autónomas y a las administraciones locales la potestad de desarrollar y aplicar las medidas".
"Nosotros queremos que la solución sea igual para todos los interinos de cualquier administración", ha insistido el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Al respecto, ha insistido en que el texto que finalmente salga del Congreso debe ir en consonancia con el marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público.
"Debemos dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas", ha resumido Borra, que ha reclamado a los grupos "responsabilidad y sentido de Estado" para que el futuro proyecto de ley salga adelante con el máximo consenso posible.
En su opinión, solo así, se podrá evitar que los tribunales la declaren inconstitucional y con ello, lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores.
"Queremos una solución que genere equidad entre todos los interinos, que no se prolongue en el tiempo y que sea segura jurídicamente", ha resumido Borra, que ha recordado que la temporalidad se ha disparado al 32 por ciento, diez puntos por encima del sector privado, y "las administraciones siguen abusando y generando situaciones injustas", además de ser "las que han generado este problema".
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