Madrid, 9 dic (.).- El 72 % de las pymes españolas reconoce que tiene que aceptar plazos de pago más largos de lo que le gustaría ante la imposibilidad de sus clientes de abonar las facturas a tiempo, según el último informe de pagos de Intrum.
Analizadas las peticiones de ampliación de pagos realizadas a las pequeñas y medianas empresas, las grandes corporaciones son las que encabezan el ranking con el 44 %, seguidas de las pymes (42 %) y el sector público (10 %).
De las entidades de mayor tamaño y, según la encuesta, el 80 % de ellas han recibido solicitudes de este tipo y se han visto en la tesitura de responder a esta necesidad.
En este caso, el 45 % de las compañías encuestadas afirma que este reclamo proviene de grandes corporaciones, el 43 % de pequeñas y medianas empresas y el 12 % de organizaciones de carácter público.
No obstante, las cifras reflejan "una mejora" respecto a 2020, precisa el estudio, que añade que, hace un año, la proporción de pymes que se veían en esta situación era 18 puntos mayor que ahora (90 %) y, en el caso de las grandes corporaciones, 9 puntos más (89 %).
Otro de los capítulos que aborda el estudio revela que 6 de cada 10 empresas españolas no confían en la capacidad de pago de aquellos clientes con cuentas económicas pendientes y el 65 % cree que el riesgo de impago crecerá en los próximos meses.
El informe concluye que exigir el pago por adelantado o las verificaciones de crédito pueden ser "algunas ideas" para que las empresas, sobre todo las de menor tamaño, puedan tener la certeza de recibir sus pagos en los tiempos establecidos.