Madrid, 24 jun (.).- El Gobierno ha decidido prorrogar hasta final de año las medidas de protección establecidas para evitar que inversores extranjeros aprovechen la crisis derivada de la pandemia para tomar el control de empresas españolas de sectores estratégicos.
Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Ministros en el que se aprobado esta prórroga a petición del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que el plazo establecido inicialmente vencía el próximo 30 de junio.
El objetivo es, según ha explicado Montero, seguir protegiendo a las compañías españolas de sectores estratégicos "para que tengan seguridad" y no se las intente comprar desde el exterior "aprovechando la coyuntura".
En marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia, el Gobierno aprobó un real decreto por el que exigía autorización previa por su parte de inversiones directas extrajeras realizadas por residentes de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, o EFTA -por su sigla en inglés-), por motivos de seguridad, orden público pública.
Adicionalmente, en noviembre de 2020 introdujo en ese mismo texto una disposición transitoria que establecía que hasta el 30 de junio el Gobierno debe autorizar también las inversiones directas extranjeras protagonizadas por sociedades de la UE y de la AELC sobre empresas cotizadas o incluso sobre las no cotizadas si la inversión supera los 500 millones de euros.
Esa autorización se exigirá siempre que las empresas pertenezcan a los sectores de infraestructuras críticas, tecnologías críticas y productos de doble uso, o sectores con acceso a información sensible o medios de comunicación.
Una operación que requiere de la autorización del Gobierno es la opa parcial que a finales de enero el fondo australiano IFM lanzó sobre Naturgy (MC:NTGY), de la que aspira a controlar al menos el 17 % del capital.
En la aplicación de esta normativa, se consideran sociedades cotizadas en España aquellas cuyas acciones están admitidas a negociación -todas o en parte- en un mercado secundario oficial español y tienen su domicilio social en el país.
La norma considera inversiones directas aquellas en las que el inversor adquiera una participación igual o superior al 10 % del capital social o tome el control de la empresa española.
Este régimen de autorización previa se aplica tanto a las inversiones realizadas por empresas de la UE y de la AELC como a las que puedan acometer sociedades con sede en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países europeos.
Se entiende que existe esa titularidad real cuando los propietarios últimos posean, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto, o cuando ejerzan el control por otro medio.