Lima, 12 mar (.).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley que plantea fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, que el año pasado generó gran polémica tras ser considerado un intento de restringir las actividades de la sociedad civil.
La propuesta recibió 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, tras lo cual el pleno decidió exonerarla de la segunda votación que ordena la ley, con lo que quedó lista para ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
El dictamen propone cambios en la Ley 27692, de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de "fortalecer" su trabajo y "contribuir a la transparencia y a la supervisión de los recursos recibidos por otras entidades" que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
El Congreso detalló que modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley 27692, donde se plantea que la APCI tiene la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la cooperación internacional que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público o privado.
También indica que las ONG "tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional".
En las disposiciones complementarias, se plantea que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) debe evaluar si crea una unidad para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la propuesta.
También se señala que los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebre el Estado con las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional requerirán de la conformidad previa de la APCI.
El debate de la propuesta
La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la fujimorista Auristela Obando, quien dijo que existen vacíos en la Ley 27692 que permiten a muchas ONG "no ser transparentes".
El también fujimorista Alejandro Aguinaga añadió que esta ley "va a cortar el modus operandi" de organizaciones que, en su opinión, se aprovechan de la cooperación internacional "y se llenan los bolsillos a costa de los más pobres" de Perú.
En respuesta, la legisladora izquierdista Ruth Luque afirmó en la red social X que la norma se ha aprobado "para castigar la cooperación internacional".
"No mejora necesariamente los estándares de transparencia, pretende silenciar a organismos que durante muchos años han prestado apoyo legal en la defensa de casos por violaciones a DDHH, especialmente aquellas donde el Estado es responsable", remarcó.
La presentación del proyecto de ley ya generó en junio del año pasado un pronunciamiento de embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos en Lima por la aparente intención de restringir las actividades de la sociedad civil.
El escrito fue firmado con las banderas de Finlandia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, Países Bajos, Austria, Reino Unido y la Unión Europea.
Tras ese pronunciamiento, el entonces canciller de Perú Javier González-Olaechea afirmó que las embajadas que lo suscribieron tuvieron un "tono injerencista" en las decisiones internas del país.
Según sus promotores, el proyecto plantea una regulación similar a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque también introduce "la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político".