Laura Ramos
Madrid, 18 abr (.).- A la vez que negocian el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, los socios de gobierno esperan a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la ley catalana del alquiler para cada uno reafirmar su posición con la sentencia, como ha ocurrido esta semana con la del Constitucional alemán.
El fallo del TC, no obstante, permitirá a una de las partes ganar fuerza en la negociación, que todo apunta a que se prolongará hasta el otoño.
Aunque el Constitucional ya invalidó hace unos meses varios artículos de la ley catalana relativos a la función social de los grandes tenedores, está pendiente de resolver si la Generalitat tiene competencias para limitar el precio de los alquileres.
Desde que el Parlamento de Cataluña aprobó en septiembre de 2020 su ley de contención de rentas, más de 60 municipios con mercados tensionados, incluido Barcelona, aplican estos límites.
INDEMNIZACIONES A PROPIETARIOS
En Alemania, la sentencia del Constitucional, que establece que la competencia de vivienda es federal y no de los 'lander', obliga a miles de inquilinos de Berlín a devolver las cantidades descontadas durante el aproximadamente un año que estuvo en vigor el límite de precios, ya que en los contratos firmados se advertía de ello.
Esto no podría ocurrir en Cataluña, porque no está previsto en los contratos, pero lo que sí podría pasar es que los propietarios reclamaran indemnizaciones económicas a la Generalitat por las cantidades que han dejado de percibir.
Según el consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA (T:9202)), José Ramón Zurdo, esa es la pauta que el Constitucional español marcó en su fallo del pasado enero, "donde establece que aquellas medidas que perjudiquen económicamente a los arrendadores deben conllevar una compensación".
"Si el tribunal dijo eso de los otros artículos probablemente diga lo mismo de estos. Es muy probable que en el nuevo pronunciamiento el TC diga que es nulo y hable del derecho de indemnización que puedan tener aquellas personas que se han visto perjudicadas", asegura a Efe el jurista.
Desde el Sindicato de Inquilinos, su portavoz Fernando Barneda hace hincapié en que la sentencia alemana "solo dice que la vía que se ha seguido para implantar esta ley no ha sido la adecuada y que lo tienen que volver a hacer mediante la vía adecuada, pero no dice nada de que sea inconstitucional la propia ley, ni que haya atentado a la propiedad ni que sea ineficiente ni nada por el estilo".
Barneda reconoce que en España el procedimiento adecuado también es una ley estatal, pero sostiene que en Cataluña, "al tener un Código Civil propio, sí que hay una competencia autonómica para implantar esto".
LEY DE VIVIENDA EN OTOÑO
En ese contexto todo apunta a que no habrá anteproyecto de ley estatal hasta que hable el TC, aunque desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se haya deslizado que el borrador definitivo estará antes del verano.
En el sector creen que los socialistas están ganando tiempo para que se pronuncie el tribunal y van cogiendo peso los que consideran que hasta otoño no entrará el anteproyecto en el Consejo de Ministros.
"Están ganando tiempo porque saben que si aprueban la intervención de los precios puede ser tumbada y eso les puede afectar y les puede dejar muy mal", apunta una fuente del mercado.
Desde la órbita de Unidas Podemos advierten de que a los socialistas "les puede salir el tiro por la culata si el TC avala la ley catalana" y ya dan por hecho que la ley no se aprobará en el Congreso antes de final de año.
Como ya pasó hace dos meses con las elecciones en Cataluña, la campaña del 4M (comicios del 4 de mayo) en la Comunidad de Madrid ha vuelto a paralizar las negociaciones entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aunque a estas alturas se da por hecho que habrá acuerdo aunque sea "light".
Fuentes cercanas a Belarra señalan que ésta ve a sus socios de gobierno "comprometidos" con sacar adelante la ley y que no cree "que ahora se vayan a echar atrás". En esa línea indican que lo mejor sería "pasarle el balón a las comunidades autónomas".
Esto supondría facultar a las comunidades y ayuntamientos a limitar las rentas en las zonas tensionadas, lo que serviría de "paraguas" a la regulación catalana.