Ciudad de Panamá, 9 ago (.).- El Gobierno panameño informó este martes de que autorizó la rebaja temporal del 30 % en el precio de 170 medicamentos de uso regular en Panamá, uno de los países con los costos más prohibitivos en medicinas en la región, como han denunciado sectores sociales desde hace años y uno de los motivos de las masivas protestas de julio pasado.
El alto costo de los medicamentos, de los combustibles y de los alimentos causó el mes pasado las mayores protestas sociales en décadas en Panamá, que llevaron al Gobierno a la instalación de una mesa de diálogo con los sindicatos y gremios para consensuar medidas para la rebaja de los precios.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, aprobó este martes la recomendación de una mesa técnica "de aplicar el 30 % de descuento a 170 medicamentos" y que "además se mantiene el descuento del 20 % a los jubilados"
Cortizo informó que esta medida tendrá una vigencia de seis meses prorrogables y empezará a regir a partir del lunes 15 de agosto próximo.
"Hoy es un día histórico porque esta es una noticia muy importante para el país, para todos los panameños porque los gremios de la salud, sector privado, asociaciones de pacientes y el Gobierno Nacional han llegado a un consenso importante", dijo el presidente.
El Gobierno de Cortizo rebajó y congeló en 3,25 dólares el galón (3,78 litros) el precio de los combustibles, disparados por la crisis internacional y que llegaron a superar los 6 dólares, en un intento fallido por apaciguar las protestas, que cesaron a finales de julio tras la instalación de la llamada "mesa única de diálogo".
En esa mesa única, instalada el pasado 21 de julio, negocian representantes del Gobierno y los sindicatos y gremios que impulsaron las protestas, y se ha acordado la congelación y control de precios de 72 alimentos de la cesta básica, así como el compromiso oficial de elevar al 6 % del producto interno bruto (PIB) el presupuesto de la educación pública.
Para el miércoles está previsto que los sindicatos y gremios realicen nuevas protestas por el supuesto incumplimiento de los acuerdos, lo que ha sido rechazado por el Gobierno.