Seúl, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur decretó este martes la vuelta al trabajo de los camioneros vinculados al sector de la construcción que participan en una huelga desde hace casi una semana, en la que supone la primera aplicación de una ley que podría acarrear penas de hasta tres años de cárcel para los infractores.
La decisión se produce en medio de la huelga seguida por millares de camioneros de distintos ámbitos desde el pasado jueves en protesta por la subida de los precios de los combustibles, la segunda de este tipo en el país en cinco meses.
Los transportistas reclaman la extensión más allá de este año de la normativa temporal que permite fijar tarifas mínimas para los transportes de mercancías para compensarla.
La huelga ha generado ya pérdidas de más de 46.400 millones de wones (33,7 millones de euros) por entregas de mercancías no realizadas a tiempo, según estimaciones del Gobierno, que ha decidido usar esta herramienta legal que puede invocar si considera que la economía nacional está amenazada.
Sólo en el sector del cemento el suministro ha caído más del 90 %, mientras que la mitad de las constructoras que necesitan cemento prefabricado han visto interrumpidos sus trabajos, según el Ministerio de Finanzas, razón por la que el Gobierno ha decidido emitir este decreto a los transportistas de este sector en concreto.
"Hoy el Gobierno ha emitido una orden administrativa para quienes se niegan a transportar bienes del sector del cemento para evitar una crisis más grave para la economía nacional y el sustento de la gente", dijo al anunciar la medida el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, según recogió la agencia local de noticias Yonhap.
El ministro de Finanzas, Choo Kyung-ho, acusó a los transportistas de "tomar como rehenes al sustento y la economía" y señaló que si el Gobierno no hace frente "con severidad a las actividades ilegales" del colectivo, "será imposible superar la crisis económica" actual.
Además de el del cemento, otro de los principales sectores que se ha visto más afectado por la huelgan es el siderúrgico y también se ha visto reducido el movimiento de cargueros de mercancías en los principales puertos del país hasta el 28,1 % de su nivel habitual.
El Gobierno y los sindicatos se reunieron en la víspera para negociar el cese de la huelga, sin obtener resultados.
En este escenario, el Gobierno surcoreano optó hoy por invocar una ley que permite al Ministerio de Tierra adoptar una orden de vuelta al trabajo si considera que la huelga pone en riesgo a la economía.
La de hoy es la primera aplicación de esta ley de la que se tienen registro desde que fuera promulgada en 2004.
En virtud de la normativa, quienes desafíen la orden podrán ser penados con hasta tres años de cárcel o una multa de hasta 30 millones de wones (21.770 euros).
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