Imane Rachidi
La Haya, 10 oct (.).- Los alquileres en Países Bajos se determinan mediante un sistema complicado de puntos, con valor extra por accesorios lujosos o espacio exterior. Los que no llegan a los 142 puntos se clasifican como viviendas sociales, con una renta máxima de 752 euros y se destinan a hogares de bajos ingresos, que aguardan en una larga lista de espera.
En 2015, el segundo gabinete de Mark Rutte decidió añadir una nueva variante al sistema de puntos e incluyó el 100 % del valor oficial de la propiedad (conocido como WOZ), medida que elevó la puntuación de las casas, por ejemplo, ubicadas en un barrio popular, y trasladó al sector liberalizado a miles de viviendas consideradas entonces sociales, en especial en grandes ciudades como Ámsterdam y Utrecht.
Con la actual crisis de la vivienda y los precios disparados prácticamente en todo el país, tanto en el mercado de compra como en el del alquiler, la ministra de Vivienda, la progresista Kasja Ollongren, quiere dar un paso atrás de forma parcial en ese cambio de 2015.
Defiende que el valor WOZ solo participe en un 30 % en la asignación de puntos, y la izquierda (socialdemócratas, socialistas y los verdes) insta a ir más allá y que el valor de tasación de la propiedad sólo influya en un 20 % en todos los hogares sin excepciones.
La propuesta de la ministra supondrá que hasta el 28 % de las propiedades que ahora mismo se encuentran alquiladas en el sector privado volverán a ser consideradas viviendas sociales por los puntos asignados, según una investigación del instituto ABF Research.
Los caseros perderán unos 90 millones de euros al año a nivel nacional, según la ministra, pero los inversores estiman que esa pérdida de ingresos será diez veces mayor.
Esta propuesta ha provocado que un grupo de propietarios privados amenacen con denunciar a la ministra si sigue adelante con los planes de cambiar la forma de calcular los alquileres. “Esta es una regla general que afectará a un pequeño grupo de inversores”, criticó la Fundación Alquiler Justo, en el diario Financieele Dagblad (FD).
“Otra vez más nos vemos en la obligación de luchar contra la ridícula idea de que todos los propietarios están explotando a sus inquilinos”, lamentó Anthonie Mans, de esta fundación crítica con la legislación del alquiler de viviendas en Países Bajos y con el plan de la ministra, que entraría en conflicto, dice, con los derechos de los caseros.
Sin embargo, Ollongren ya ha consultado la legalidad de los cambios que propone y considera que tiene la ley de su lado, en especial dada la presión que tiene el gobierno en funciones y el futuro ejecutivo para impulsar la oferta de viviendas sociales y reducir listas de espera cada vez más largas.
Durante un debate parlamentario esta semana, los liberales de Rutte mostraron su preocupación por que este cambio lleve a que los propietarios presenten reclamaciones ante el Gobierno central e instaron a buscar antes de decidir la opinión del Consejo de Estado, instó el diputado liberal (VVD) Daniel Koerhuis.
Por otro lado, se espera que, a partir del próximo 1 de enero, los residentes de viviendas sociales estén mejor protegidos contra los alquileres altos si aumentan en base al WOZ, que está subiendo a niveles récord, un objetivo apoyado por la mayoría parlamentaria, aunque su implementación sigue siendo objeto de debate.
Las autoridades neerlandesas usan el valor WOZ para determinar la clave de distribución de los impuestos locales: los propietarios pagan más impuestos si viven en una casa más cara, y dado que los precios han aumentado con bastante rapidez en los últimos años, los alquileres de viviendas sociales también se ven afectados porque el WOZ es parte del sistema de puntos por el que se calculan los alquileres máximos regulados.
Los socialdemócratas y los verdes también proponen abolir el impuesto a los grandes caseros de viviendas en alquiler social que se introdujo en 2017 durante la crisis financiera porque las agrupaciones tenían un negocio rentable y el gobierno las consideró una buena fuente para generar más ingresos estatales, al tiempo que controlaba los problemas financieros que enfrentaron en años anteriores, como las deudas y los fraudes.
Esta tasa rinde casi 1.900 millones de euros este año, unos 400 millones más de lo previsto en los presupuestos generales, y desde 2013, ha aportado más de 12.000 millones de euros a las arcas del Estado neerlandés.
Se estima que Países Bajos tiene una escasez de unos 331.000 viviendas y, según la oficina de estadísticas CBS, los precios se encuentran entre los más altos de Europa.