Lima, 26 oct (EFE).- La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú calificó este martes como "una amenaza nefasta" las recientes declaraciones del presidente, Pedro Castillo, en las que exhortaba al Congreso a consensuar una ley para nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea.
El gremio empresarial energético consideró en un comunicado que las palabras de Castillo "atentan contra la inversión privada y quebrantan la reactivación económica en curso".
Para el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo De la Flor, la propuesta del mandatario "solo alimenta la inestabilidad y desconfianza entre los inversionistas en circunstancias que el país necesita nuevos capitales para revertir la crisis económica y sanitaria".
De la Flor recordó que el contrato de Camisea, cuyo gas extrae desde 2004 un consorcio de empresas liderado por la argentina Pluspetrol, está garantizado por la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El dirigente gremial acusó a Castillo de utilizar como excusa la necesidad de acelerar la masificación del gas para uso doméstico e industrial con el objetivo de "impulsar una medida ilegal y arbitraria, que solo refleja un ímpetu populista".
"Coincimos en que la masificación del gas es urgente, pero para que ocurra hace falta que el Gobierno defina lineamientos de política pública que permita la construcción de una red de gasoductos a fin de llevar el gas a más hogares", manifestó De la Flor.
El empresario afirmó que "la masificación del gas no tiene nada que ver con el contrato de Camisea", cuyo gas ha aportado al Estado peruano unos 40.000 millones de soles (9.700 millones de dólares) entre impuestos y regalías en sus diecisiete años de explotación.
Las polémicas declaraciones fueron realizadas por Castillo durante una visita a la provincia amazónica de Bagua, donde instó al Congreso a hacer "una ley conjunta sobre la 'estatización' o la nacionalización del gas de Camisea".
"Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido", señaló Castillo, mientras en el Congreso su primera ministra, Mirtha Vásquez, pronunciaba su discurso de investidura sin mención alguna a nacionalizaciones como parte de la política general del Gobierno.
NEGOCIACIÓN ABIERTA
El mes pasado, el Gobierno de Castillo emplazó al consorcio de Camisea a revisar los contratos de explotación del yacimiento para aumentar la carga impositiva de la comercialización del gas, lo que fue acatado por las empresas, dispuestas a dialogar con el Ejecutivo.
Para esa negociación, Castillo creó una comisión liderada por la primera ministra, junto a otros ministros como los de Energía y Minas y Relaciones Exteriores.
Con una concesión hasta 2040, el gas de Camisea comenzó a ser explotado desde 2004 por un consorcio formado por Pluspetrol (27 %), la estadounidense Hunt Oil (25,1 %), la coreana SK Innovatión (17,6 %), la española Repsol (MC:REP) (10 %), la argentina Tecpetrol (10 %), y la argelina Sonatrach (10 %).
En condiciones normales, Camisea produce entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas por día, procedentes de los bloques 56 y 88 a cargo de Pluspetrol y del 57 a cargo de Repsol, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
De esta forma, Camisea genera el 92 % de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40 % de la energía eléctrica consumida a nivel nacional.