Elena S. Laso
Madrid, 16 sep (.).- Tras unos convulsos días por el plan de choque gubernamental sobre el proyecto de ley de retribución del CO2, las eléctricas han amenazado con el cierre anticipado de las plantas nucleares si ven recortados sus beneficios; pero ¿es fácil cerrar una central?, o ¿están abocadas a un complejo camino?.
Las eléctricas tienen derecho a cerrar sus centrales, pero no de la noche a la mañana ni de forma unilateral; primero es necesario una autorización previa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el que tiene las competencias, además de un informe de Red Eléctrica Española (MC:REE), explica a EFE Carlos Bravo, consultor de energía y medioambiente en Salvia.
En una situación normal, es decir, no derivada de una accidente que afectara a la seguridad nuclear, un apagado inmediato, sería "peligroso e imprudente y no creo que las compañías lo hicieran", precisa Bravo, quien señala que en un cierre no programado y repentino de todo el parqué nuclear, el sistema seguiría funcionando, pero el mix energético cambiaría y la cantidad de emisiones también.
En este punto, Bravo, exresponsable de temas nucleares de Greenpeace, recuerda la existencia de un calendario pactado entre la compañías eléctricas y el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la supervisión de un informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para llegar a un definitivo apagón nuclear formalizado entre 2027 y 2035.
No obstante, -observa Bravo - se podría pactar de nuevo un adelanto del cierre, pero tendría que ser "programado y teniendo en cuenta el calendario de introducción de nuevas potencias renovables", porque aunque no sería un problema contar con un sistema cien por cien renovable es imposible hacerlo en poco tiempo.
A este respecto, cabe señalar que el artículo 53.5 de la Ley del Sector Eléctrico establece que el cierre definitivo de instalaciones de generación "requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si este resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro."
Días atrás, y en la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera aseguró que no es posible "el parón" de las nucleares: "Si el propietario de una central quiere cerrarla, deberá notificarlo y habrá que ver si es compatible o no con el suministro; Es muy probable, que, dado que se cuenta con una previsión de cierre, Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es necesario".
España cuenta en la actualidad con cinco centrales con siete reactores nucleares operativos Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), una fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).
Entre todos suman una potencia bruta instalada conjunta de 7.398,7 MWe, cerca del 6,5 % del total de la potencia eléctrica instalada en el país.
El primer reactor que cesó su actividad en España fue el del grupo I de Vandellós, que lo hizo en 1990 tras sufrir un incendio en la sala de turbinas y que está en fase de desmantelamiento, mientras que la central José Cabrera, ubicada en Almonacid de Zorita (Guadalajara), la primera en España y que ya está en fase desmantelamiento, fue la segunda en cerrar tras cesar su actividad en 2006.
El cierre definitivo de Santa María de Garoña (Burgos) se produjo en 2017 y en la actualidad el titular de la instalación, trabaja en las tareas de predesmantelamiento.