Madrid, 27 sep (.).- El parque de vivienda social en España representa a penas el 2,5 % del total, un porcentaje que está por debajo de la media europea (9,3 %), y solo un 16,7 % de las personas jóvenes se pueden emancipar, el dato más bajo desde 1998, según los datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda.
De acuerdo con este observatorio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el 75,8 % de la población vive en régimen de propiedad, un 15,2 % tiene un alquiler a un precio de mercado, un 2,8 % por debajo de mercado y un 6,2 % vive en régimen de cesión.
Según ha señalado el técnico de incidencia política de Provivienda, Mario Manjón, los precios de la vivienda no han dejado de subir en los últimos años, un 8 % en 2022 y un 12 % de subida acumulada con la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y Cataluña a la cabeza. Además, la tendencia de subida del alquiler también es constante y en estas tres comunidades se pagan más de 600 euros.
A pesar de que se recomienda que el gasto en vivienda no supere el 30 % del salario, la media por comunidades autónomas supera este porcentaje y en el caso de la Comunidad de Madrid el precio del alquiler requiere más del 64 % del salario. A continuación se sitúa Ceuta (casi el 57 %); Baleares (55,4 %) o Cataluña (54,9 %).
Con todo ello, un 8,2 % de la población tiene un gasto elevado en vivienda o retrasos en el pago de la misma, un problema que afecta más a las mujeres. Asimismo, casi el 23 % de las personas con dificultades son familias monoparentales con hijos dependientes, que en su mayoría están encabezadas por mujeres. El 52,5 % de los jóvenes vive en régimen de alquiler y más del 60 % en el caso de la población extranjera.
En consecuencia, 2021 marcó el peor dato de emancipación juvenil desde hace más de 20 años, los lanzamientos se incrementaron (en un 70 % fueron de alquiler), y más de 33.000 personas se encontraban sin un hogar.
La directora general de Provivienda, Gema Gallardo, ha defendido la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, aboga por que se incremente el parque de vivienda social y haya más variedad, porque se introduzcan nuevos actores, como es el caso del tercer sector, y se ponga en marcha un bono de alquiler joven para facilitar su emancipación.
Durante la presentación del Observatorio, la directora general de Diversidad Familiar y Derechos Sociales, Patricia Bezunartea, ha apuntado que más del 80 % los atendidos en los servicios sociales tienen un problema de vivienda.
Ha agregado que España tiene un mercado de vivienda carísimo en las grandes ciudades, donde el alquiler ha dejado de ser una alternativa asequible, hay también una falta de vivienda social y una falta de inversión que a veces no es compatible con el derecho a una vivienda digna, lo que marca las oportunidades vitales de muchas personas.