Asunción, 21 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay y la multinacional Río Tinto refrendaron hoy un acuerdo para avanzar en la instalación de una planta de aluminio y un parque industrial que contarán con una inversión de unos 4.000 millones de dólares.
El acuerdo, contenido en un memorando de entendimiento compuesto por veinte puntos, fue firmado por el ministro paraguayo de Industria y Comercio, Francisco Rivas, y el representante de Río Tinto, Juan Pazo, durante un acto al que asistió el jefe de Estado, Federico Franco, según informó la agencia pública IP Paraguay.
Franco aseveró, en el marco de esas negociaciones, que "no se va a subsidiar la energía ni dañar el medio ambiente", como advirtieron especialistas y organizaciones civiles y sociales que se oponen a la instalación de la planta de aluminio.
El jefe de Estado recordó que se prevé que esa fábrica utilizará energía generada por la hidroeléctrica paraguayo-brasileña de Itaipú.
"En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se le va a dar la energía a Río Tinto al mismo precio que nosotros le cedemos al Brasil, las condiciones van a ser mucho más ventajosas para el Paraguay", insistió el mandatario.
Franco abogó en reiteradas ocasiones por la concreción de ese proyecto pese a las advertencias de especialistas de que Río Tinto consumirá más energía de la que Paraguay tendrá en el futuro.
Itaipú, la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, es compartida por Brasil y Paraguay, cada uno de los cuales tiene derecho a la mitad de la energía generada.
Como Paraguay utiliza en torno al 10 por ciento de la electricidad generada, el resto acaba en Brasil, que desde el año 2011 paga por ella 360 millones de dólares anuales.
El memorando de entendimiento estipula el compromiso de las partes de instalar un parque industrial, que estará situado en las inmediaciones de un puerto navegable del río Paraná, uno de los principales afluentes del país junto al río Paraguay, precisó IP.
Añadió que los acuerdos firmados entre las partes sobre el proyecto, que demandará una inversión global de unos 4.000 millones dólares, deberán ser sometidos al análisis del Congreso. EFE