Bruselas, 30 nov (.).- La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo acordó este martes su posición para negociar un nuevo instrumento de contratación pública internacional que limite el acceso a este mercado europeo por parte de empresas procedentes de países que no estén igual de abiertas a las empresas comunitarias.
El texto aprobado, que debe negociarse ahora con los gobiernos de la Unión Europea, busca “restablecer el equilibrio de oportunidades” para las empresas comunitarias que participan en mercados públicos fuera de los Veintisiete, ya que estos países imponen en ocasiones restricciones en el acceso a las compañías europeas.
“El Instrumento de Contratación Pública Internacional (IPI) propuesto introduce medidas que limitan el acceso a las licitaciones públicas de la UE de las empresas extracomunitarias de países que no ofrecen un acceso similar a las empresas de la UE”, subrayó el Parlamento en un comunicado.
Para los eurodiputados, el nuevo instrumento debería permitir a Bruselas determinar si las empresas de un tercer país deben someterse a las medidas de remedio, que varían entre ajustar la puntuación de las ofertas presentadas por las empresas sujetas al instrumento (sin afectar al precio que debe pagar el adjudicatario) o excluir a la empresa de la licitación.
Entre las excepciones figura un posible escenario en el que todas las ofertas a un contrato público procedan de empresas de países sujetos a una medida de remedio, y en los casos en los que el interés público prevalezca, como la salud pública o la protección del medio ambiente.
La comisión de Comercio Internacional se muestra también partidaria de umbrales de valor de los contratos que puedan estar sujetos a este tipo de medidas, que fijaron en un mínimo de diez millones de euros para obras y concesiones y de cinco millones de euros para bienes y servicios.
La Eurocámara “se ha comprometido a garantizar que los licitadores europeos tengan el mismo acceso a los mercados de contratación pública de terceros países que los licitadores de terceros países tienen en la UE”, explicó el diputado que liderará las negociaciones con el Consejo para este instrumento, el popular alemán Daniel Caspary.
Se trata, consideró, de “una señal importante tanto para nuestras empresas europeas como para nuestros socios de terceros países”, porque “la falta de igualdad de condiciones ha persistido durante mucho tiempo”.
El objetivo, subrayó, sería llegar a un acuerdo con los gobiernos durante la primavera de 2022, aunque las conversaciones no empezarán hasta al menos enero, cuando el pleno dé el visto bueno a la posición negociadora de la Eurocámara.
La socialista española Inmaculada Rodríguez-Piñero, que también ha contribuido a fijar la posición negociadora del Parlamento, celebró por su parte que se hayan simplificado las excepciones a la norma y la inclusión de un artículo para que en los procedimientos de concesión y adjudicación se tengan en cuenta las normas medioambientales y laborales.
“Hemos sido capaces de flexibilizar nuestras posiciones y hemos dado prioridad a disponer de un instrumento jurídico eficaz contra la competencia desleal que aumente la influencia de la Comisión en las relaciones comerciales internacionales”.
(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)