Santander (MC:SAN), 13 jul (.).- El expresidente de Sniace (MC:SNCE) Blas Mezquita ha declarado este martes que la empresa estaba autorizaba a hacer vertidos al Saja Besaya de forma transitoria hasta que se construyeran las infraestructuras necesarias para conducirlos a la ría de San Martín, y ha subrayado que las inspecciones de las aguas del río eran constantes.
"Considerábamos que podíamos verter al dominio público hidráulico y que amparaba la Autorización Ambiental Integrada ese vertido", ha dicho Mezquita en el juicio que hoy ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander.
Mezquita está acusado de un presunto delito continuado contra el medio ambiente, junto a siete ex consejeros y el entonces director de Operaciones, por los vertidos de aguas industriales realizados por la empresa entre 2008 y 2010.
La Fiscalía pide para cada uno de los ocho encausados una pena de prisión de 16 meses, la misma que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular.
También es acusación particular la Abogacía del Estado, que reclama una condena más alta, de dos años y medio, y una indemnización conjunta de 50 millones de euros.
Según el Ministerio Público, la Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la autorización que tenía la empresa para hacer vertidos en el río por "su carácter abusivo".
En 2008, Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podía verter aguas de refrigeración o pluviales.
La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.
Durante su declaración, Mezquita ha recordado que esta autorización responde a la normativa europea y recoge en un solo documento todos los procedimientos que permiten a la empresa operar.
Según el expresidente de la compañía, la propia administración estableció un periodo transitorio de 18 meses para completar los trabajos que le permitirían verter en la ría de San Martín, tras la construcción de una depuradora y un colector.
Ha destacado que la empresa invirtió 24 millones de euros en la depuradora, mientras que el colector tenía que ser construido por el Gobierno de Cantabria, que amplió a 20 meses el periodo transitorio para completar las obras.
A preguntas de la Fiscalía, ha reconocido que los vertidos se hacían en el río pero también ha dicho que "no es correcto" que las aguas industriales se vertieran sin depurar porque se "tomaron medidas" en los procesos industriales para reducir la presencia de productos químicos y que se acomodaran a los parámetros de la autorización ambiental.
Además ha subrayado que la Confederación Hidrográfica y la Consejería de Medio Ambiente tomaban muestras continuamente de las aguas y en el periodo de 2008 a 2010 la empresa no recibió ni indicación ni comunicación alguna de que no podían verter esas aguas al río.
EFE